Caso Herrero Brigantina

«Vamos a acabar el año y seguimos sin señalamiento, la gente está muy quemada»

Los afectados por la presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina, cuya sede principal se encontraba en Ponferrada, siguen esperando a que el juez Santiago Pedraz fije un día y una hora para la práctica de las pruebas que se suspendieron en el mes de octubre en la Audiencia Nacional.

En ese sentido, el 15 y 16 de octubre estaba prevista la declaración del principal investigado en esta macrocausa, el que fuera CEO de Herrero Brigantina, Juan González Herrero, además de su mujer y otros implicados, pero ante la cantidad de acusaciones personadas, unas 240, se decidió posponer el interrogatorio para que los abogados se pusieran de acuerdo en un máximo de 5 acusaciones particulares unificadas.

Así, lo que iban a ser un total de 4, entre ellas la de José Luis Ortiz, fundador y director del Bufete Ortiz Abogados, se ha ampliado a 5, al aceptar el juez una nueva acusación particular, que representa a 176 afectados de la zona de Levante. «Y ahora estamos esperando como agua de mayo a ver si señala día y hora para la práctica de pruebas», asegura Ortiz.

El letrado lamenta que se vaya «a acabar el año y seguimos sin señalamiento y mientras la gente está cada vez más quemada», viendo como Juan González Herrero «sigue haciendo vida normal, yendo a los mejores restaurantes. Se le ve en todos los lados».

«Comprendo que casos como este en la Audiencia Nacional hay muchísimos porque cada vez están más de moda los chiringuitos financieros, de venta de cryptomonedas, de venta de oro, que son tapaderas, pero creo que en este caso hay 200 millones estafados, en la causa hay unos 60 millones personados», explica José Luis Ortiz, que busca que no caiga en el olvido ante los «nuevos pufos que están saliendo y se están solapando con este caso».

De este modo, considera fundamental que el juez Pedraz, que se encuentra inmerso en otras causas quizás más mediáticas como el de Aldama, fije ya un día «y por lo menos lo mete en prisión incomunicada sin fianza por riesgo de fuga y por el montante del fraude» que, según un informe de la UDEF, supera los 200 millones de euros.

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