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Imagen de la sede de Herrero Brigantina en Ponferrada.
Una denuncia alertó en 2020 ante la CNMV productos «opacos» de Herrero Brigantina

Una denuncia alertó en 2020 ante la CNMV productos «opacos» de Herrero Brigantina

A través de una denuncia administrativa y anónima se quiso poner el foco sobre los productos que estaba ofreciendo North Atlantic Insurance Broke Company S.A, empresa del grupo de inversión con sede en Ponferrada

Esther Jiménez

Ponferrada

Domingo, 26 de noviembre 2023, 09:24

¿Se pudo evitar hace años la ahora presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina? La respuesta es afirmativa, si se tiene en cuenta que en 2020 una denuncia alertó a la CNMV de ciertos productos de inversión. En ese sentido, también hay que remarcar que este no es un caso como los de Afinsa o Forum, «esto se sabía mucho antes, se podía haber parado perfectamente pero no se quiso hacer», explica a este medio una de las personas que aporta la documentación, pero prefiere mantenerse en el anonimato.

Todo salió a la luz en marzo de 2023, pero las sospechas sobre el actuar de determinadas empresas vinculadas a esta firma de inversión con sede en Ponferrada ya planeaban sobre el ambiente desde mucho antes.

De hecho, hay que remontarse tres años atrás, a finales de 2020, cuando se tiene constancia de la primera denuncia administrativa que pesa sobre una de las empresas del grupo Herrero Brigantina, en concreto North Atlantic Insurance Broke Company S.A, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Productos «opacos con rentabilidades ficticias»

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, se apuntaba que determinadas personas relacionadas con esta compañía, y que con anterioridad habían formado parte de otra de la que supuestamente habían sustraído datos de clientes y pólizas, estaban vendiendo «productos opacos, con rentabilidades ficticias y aseguradas que no existen en el mercado». Un producto que, como explica la persona denunciante, no se describía con exactitud, «lo que para un inversor privado tienes que hacer». Además, dicha descripción «que daba inversión en Estados Unidos y Reino Unido son productos complejos que no se pueden vender a inversores privados, al menos que tengan experiencia acreditada».

En la reclamación presentada también se recoge que esa publicidad vulneraba lo dispuesto en la legislación vigente en materia de asesoramiento financiero y otra normativa complementaria relativa a las inversiones, «sin que me conste que dicha entidad tenga medios para responder por los potenciales daños y perjuicios que pudieran ocasionarse». Con todo ello, solicitó que si la CNMV no era el organismo que debía investigar este caso, que lo trasladara a la autoridad competente, en este caso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Pero nunca recibió comunicación alguna ni tampoco «hizo nada al respecto» hasta que en junio de 2023, y a raíz de un artículo en un periódico nacional, este organismo declaró a North Atlantics como un «chiringuito asegurador» y determinó que no contaba con autorización para distribuir seguro en el mercado español.

Una «evidente responsabilidad patrimonial del Estado»

En ese sentido, el denunciante, en conversaciones con esta periodista, considera que en este caso, existe, además de la responsabilidad que pueda tener Herrero Brigantina, una «muy evidente responsabilidad patrimonial del Estado» y no sabe si los afectados recuperarán su dinero, pero sí tiene claro que «nadie podrá decir que no estaba advertida la Administración».

Por ello, se teme que se amparen, «como muchas veces», en la dispersión normativa y pone como ejemplo «que si mañana se detecta en una peluquería que hay ciertas personas que están practicando intervenciones de medicina estética para las que se requiere una determinada titulación y otra serie de prevenciones...si se denuncia ante la Autoridad sanitaria, ésta no se inhibe porque la peluquería no esté dada de alta como centro sanitario. Precisamente los que operan en chiringuitos financieros no se registran ante las Autoridades y no por ello, deberían ser inmunes a la actividad supervisora. En España sí», lamenta.

Además, considera que este tipo de organismos deben ejercer sus competencias «de forma mancomunada para que al final no haya afectados, como ha ocurrido aquí y como seguro que saldrán más». Al respecto, además de la investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional, en la que existen dos causas -una por una denuncia de exempleados y otra por querellas de clientes-, sospecha que si hay más afectados, de toda Europa como se dice, se meterán «despachos de abogados de otros sitios de fuera de España, se meterá la Comisión Europea y dirá qué ha pasado aquí, es decir, es que ya no nos vale legislar, ni decir que hay canales prioritarios para comunicarlo y evitar estas cosas, es que se han usado pero después no se hace nada», concluye.

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