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Imagen de archivo de una protesta de afectados en la sede de Herrero Brigantina en Ponferrada. E.Jiménez
«Por fin se ve luz al final del túnel» en el proceso judicial contra Herrero Brigantina

«Por fin se ve luz al final del túnel» en el proceso judicial contra Herrero Brigantina

La Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz declararse competente en la causa contra la presunta estafa piramidal del grupo con sede en Ponferrada

Esther Jiménez

Ponferrada

Martes, 13 de febrero 2024, 08:25

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«Estamos de enhorabuena, por fin se ve la luz al final del túnel». Con esas palabras acogía el letrado José Luis Ortiz, socio y director del Bufete Ortiz de Cádiz, el auto de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se obliga al Juzgado Central de Instrucción número 5, que lleva el juez Santiago Pedraz, a declararse competente y recibir en declaración con carácter de imputado a Juan González Herrero, «cerebro de toda la operación».

Ortiz presentó en la Audiencia una querella en la que representaba a más de 300 afectados por la presunta estafa piramidal del grupo Herrero Brigantina, con sede en Ponferrada, que fue inadmitida por el propio Pedraz y que fue recurrida en apelación. Ahora, gabinetes de toda España quieren adherirse a la causa y este despacho gaditano ya representa a unas 500 afectados.

Y es que una vez se ha consolidado la noticia de este supuesto esquema de Ponci «está saliendo muchísima más gente, hasta debajo de las piedras», algo que «incomprensiblemente contra el criterio del fiscal, el magistrado dijo que no era competente». En ese sentido, el letrado asegura, según le han confirmado fuentes judiciales, que «ningún juez de la Audiencia Nacional quiere este marrón», ya que son juicios «maratonianos» que, como en los casos de Afinsa Forum Filatélico o Gescartera, pueden durar hasta cuatro semanas, y con instrucciones «muy trabajosas», por lo que «a priori casi todos los magistrados se declaran incompetentes y ya es la Sala de lo Penal la que lo obliga a declararse competente, vamos que no es un bocado de gusto».

De hecho, en el auto al que ha tenido acceso este periódico se argumenta que se cumplen todos los requisitos del Artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la Audiencia Nacional investigue este caso. Por un lado, en la causa hay más de 500 afectados personados repartidos por todo el territorio nacional -en más de 14 provincias-, con un desfalco acreditado de más de 8 millones de euros y siendo una estafa con un producto financiero complejo, «ultracomplicado y ultrasubordinado», como son los productos de renta vitalicia United Linked, «que eso no lo puede entender un inversor medio», explica José Luis Ortiz.

El grueso de afectados, en el norte de España

El desfalco que podría haber realizado Juan González Herrero superaría los 40 millones de euros pertenecientes a fondos de más de 3.600 inversores de toda Europa, aunque el grueso está sobre todo en el norte de España: Ponferrada, León, Salamanca o País Vasco. Pero también en Levante y por la zona de Cádiz, Jérez o Sevilla, donde el letrado asegura que tenía los mejores comerciales, a los que «les había duplicado la comisión y se los había robado a Nationale Nederlanden, eso sí que lo hizo bien, una buena red comercial duplicándoles la comisión porque claro, te llevas a los buenos cuando les mejoras las condiciones con respecto a otras agencias de seguros».

De ahí han salido «cosas muy llamativas», como son los productos Top 23 y Top 25, en los que ponían sellos con el logo de otras aseguradoras, como Axa, Generali o Aliance «que ya han emitido certificaciones diciendo que esos productos ni siquiera estaban en sus carteras de productos y que esto es una invención de la empresa esa y que les prohíbe su uso». Herrero Brigantina también fue multada con medio millón de euros por la Dirección General de Fondos y Pensiones porque sus empresas estaban vendiendo y comercializando seguros sin estar habilitadas por el Ministerio de Economía, «puesto que no tenían depositada la fianza. Y así todo».

El problema fue que, como relata Ortiz, «el dinero nunca se empleó para el fin que decía el contrato, nunca se invirtió en producto de renta vitalicia United Linked, ni en fondos de inversión, sino que desde el minuto uno se desvió a otros fondos privados, el dinero que invertían los miles de inversores se dedicaban para el enriquecimiento privativo de Juan González Herrero y su núcleo duro, hay siete personas imputadas».

Así, los delitos que se les imputan es pertenencia a banda criminal organizada, estafa piramidal masiva, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y evasión de capitales a paraísos fiscales.

Vida normal en Ponferrada

Con todo ello, mientras se está a la espera de que el juez Pedraz haga el resto de pronunciamientos necesarios para admitir a trámite las querellas y denuncias presentadas, Juan González Herrero hace vida normal en Ponferrada, tras su detención, retirada de pasaportes y colocación de una pulsera telemática.

Y es que, según el letrado José Luis Ortiz, «cree que no van a poder engancharlo». En ese sentido, explica que en el año 2021 renunció a todos los cargos «pero hemos descubierto que se había creado con una sociedad instrumental en Broker Capital, con sede en Londres, también propiedad de él, un contrato de formación y cada vez que daba una charla de formación a los empleados de Herrero o del grupo de empresas del conglomerado, le facturaba a Herrero 200.000 euros y así ha descapitalizado la empresa».

«Esa es la estrategia que ha utilizado pero es muy burda», concluye el letrado a la espera que los siguientes pasos para poder llevar sentar en el banquillo a Juan González Herrero y su núcleo fuerte.

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