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Carteles que los afectados de Herrero Brigantina mostraron en una de sus protestas en Ponferrada. E.Jiménez
Más de 300 afectados de Herrero Brigantina se unen en una macroquerella en la Audiencia Nacional

Más de 300 afectados de Herrero Brigantina se unen en una macroquerella en la Audiencia Nacional

La querella es contra el fundador del grupo, Juan González Herrero, y su núcleo duro por los supuestos delitos de organización criminal, estafa piramidal, intrusismo, apropiación indebida y falsedad documental

Esther Jiménez

Ponferrada

Jueves, 4 de enero 2024, 08:15

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Más de 300 afectados de toda España por la presunta estafa piramidal del grupo Herrero Brigantina, con sede en Ponferrada, se han sumado a una macroquerella presentada este miércoles en la Audiencia Nacional por el abogado José Luis Ortiz, socio y director del Bufete Ortiz de Cádiz. Según explicó el propio Ortiz a este medio, muchos ya se han adherido y otros están incluidos a la espera de que el juez decida si es competente o no.

Se trata de una querella contra el fundador del grupo, Juan González Herrero, y «su núcleo duro», además de las sociedades del entramado, en la que el letrado desglosa muy detalladamente «cómo se ha sacado el dinero, cuál ha sido el modus operandi y las falsedades que han alimentado esta operación de como una sociedad que era una correduría de seguros al uso convencional y tradicional se ha reconvertido en un chiringuito financiero, esquema de Ponci y se ha llevado el dinero de tantísimas familias».

Así, José Luis Ortiz cree que todos los denunciados, «algunos por acción y otros por omisión y silencio», han contribuido a esta situación y considera que los hechos denunciados son constitutivos de los delitos de organización criminal, estafa piramidal, intrusismo, apropiación indebida y falsedad documental.

Cabe recordar que este caso salió a la luz en marzo de 2023, cuando un medio nacional puso en tela de juicio el supuesto «milagro económico» de este grupo inversor que por aquel entonces negó todos los hechos. Después fueron apareciendo inversores afectados que no podían recuperar su dinero, lo que conllevó las primeras denuncias y que incluso llevó a alguno de ellos a encerrarse en la sede que la empresa tiene en Ponferrada. Allí denunciaron públicamente que no han podido recuperar su dinero, los ahorros de toda su vida, mientras el fundador del grupo se encontraba huido, presumiblemente en Colombia. Finalmente fue detenido en diciembre y puesto en libertad con cargos y medidas cautelares.

De correduría de seguros normal a vender productos propios

La querella presentada por José Luis Ortiz, y a la que ha tenido acceso este medio, detalla que la empresa empezó siendo una correduría de seguros normal hasta que comenzaron a crear productos propios, que ya entonces «carecían de toda supervisión» por cualquiera de los organismos reguladores que hay en España, especialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Eran, además, productos financieros «de alta complejidad» con los que en dos años (2018 y 2019) llegaron a recaudar alrededor de 21 millones de euros y fueron vendidos por una red comercial «sin la más mínima formación» para ello.

Productos «opacos» y que prometían altas rentabilidades, como el TOP 25 de Axa que sacó una de las múltiples empresas del grupo, Neonova, en el que se decía que se invertía en un seguro de renta vitalicia Unit Linked de Axa. Producto que, según recoge la querella, facturó en dos meses 13 millones de euros y que, según la propia Axa, no existió.

«Núcleo duro» sin formación financiera

En el año 2020 se disolvió el consejo de administración del grupo Herrero Brigantina, que había obtenido una facturación de 29 millones, entrando en él gente sin formación ni experiencia en el sector de las inversiones.

En ese sentido, en la querella se apunta que la vicepresidenta y la directora general de Producción era recepcionista de hotel, que la propia mujer de Juan González Herrero, presidenta del consejo de administración de Pembroke and Grovesnor, era camarera de restaurante, o la directora general de Operaciones era camarera de un pub.

Después, a través de «mentiras, falsedades y largas cambiadas», Juan González Herrero y su núcleo duro consiguieron dilatar y aguantar durante varios meses las denuncias de los inversores pero la situación estalló cuando dejó de pagar a sus comerciales. Ahí comenzaron a alertar a los inversores para rescatar el dinero y algunos han conseguido el abono. Pero, según indica el Bufete Ortiz en la querella, desde abril de 2022, «que nosotros conozcamos, no se ha abonado ningún rescate a nadie a nivel España».

Competencia para investigar

El letrado José Luis Ortiz ha interpuesto esta querella ante los Juzgados Centrales de Instrucción de Madrid, entendiendo que, si son los que tienen competencia para ello. Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz rechazara hacerse cargo de la investigación, denegando la inhibición a su favor que había realizado el Juzgado de Instrucción Número 4 de Salamanca, y a la que se había acumulado la anterior querella presentada por Ortiz en representación de otro afectado y que ha sido archivada.

Eso ha causado «indefensión a todos mis representados, ya que nada tiene que ver un caso con otro». «Nuestros patrocinados sí tienen la condición de perjudicados y afectados con una gran pérdida económica invertida», concluye.

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