La ULE crea un grupo de trabajo multidisciplinar para la Gestión Integral de Incendios Forestales

La catedrática del área de Ecología de la Universidad de León, Leonor Calvo, defendió el papel «clave» de la ciencia en la lucha contra el cambio climático y destacó la importancia de «poner la investigación al servicio de las personas que tienen que tomar decisiones de planificación y de gestión». En este sentido, destacó la puesta en marcha del nuevo grupo de trabajo multidisciplinar para la Gestión Integral de Incendios Forestales creado en el seno de la institución universitaria leonesa y que aúna a profesionales de áreas como ecología, zoología, veterinaria, agricultura o sociología.

Así lo defendió en la mesa de diálogo titulada 'Un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales' dentro de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que reúne en Ponferrada a representantes institucionales, empresas, entidades sociales, sindicatos, expertos y jóvenes impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su intervención, la catedrática puso de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación entre la comunidad científica, los responsables de la gestión política y la sociedad, «especialmente en territorios afectados por grandes incendios y procesos de degradación ambiental».

Tras los graves incendios de este verano, Calvo valoró el interés que los responsables de la gestión están mostrando por los conocimientos y herramientas que se generan en el seno de la Universidad de León. «Afortunadamente, después de muchos años, nos están preguntando, algo que es un paso importante», añadió, al tiempo que recordó que, tras la quema de más de 100.000 hectáreas en la provincia, es necesario que «se tomen decisiones ya», mientras que «no se puede hacer restauración dentro de un año, cuando no haya ya suelo en parte de los sistemas que se han quemado».

En su exposición, la catedrática de Ecología de la ULE hizo hincapié en que «los sistemas rurales no están protegidos y no tienen planes de autoprotección», algo que consideró «necesario corregir en el presente y en el futuro». No obstante, puntualizo que «hay muchos espacios y especies protegidos», de forma que «el 30 por ciento de los incendios de este año corresponden a espacios con algún tipo de protección.

Además, incidió en que en los incendios de este verano «solo un 15 por ciento del territorio se ha quemado una vez, mientras que hay zonas que se han quemado ocho veces», en las que resulta «especialmente importante la restauración y la recuperación», al tratarse de «áreas muy sensibles por una posible pérdida de suelo asociado a la cantidad de incendios que han sufrido».

El sector primario reclamó este martes 14 de octubre en Ponferrada que se le escuche durante la elaboración del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, dado que se trata de uno de los ámbitos económicos que más sufre los estragos del cambio climático que «sí existe». Así lo dijeron los representantes de los diferentes sindicatos agrarios, quienes participaron en una de las mesas redondas de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebra en la Térmica Cultural de la capital berciana.

La cita contó con la presencia del secretario general de COAG, Miguel Padilla Campoy; el de UPA, Cristóbal Cano; el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo; Juan Antonio Rodríguez, de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; la secretaria general adjunta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Ilenia Bonaccorso; Eloy Bailez, miembro de la Comisión Permanente de Fenacore y la vicepresidenta de Seae, Pilar Galindo.

Todos ellos insistieron en que el cambio climático «sí existe» y no solo se ve en el incremento de temperaturas, sino en «las lluvias torrenciales, el granizo, las olas de calor, la sequía...« »Negar hoy esa evidencia es estar fuera de la realidad», señaló Padilla. Palabras que refrendaron cada uno de los intervinientes, quienes también coincidieron a la hora de señalar que uno de los principales retos es la gestión del agua que es «un bien escaso y que hay que regular de forma eficiente».

«Para Asaja lo principal es una política de agua nacional donde se priorice una mayor capacidad de almacenamiento y modernización de regadíos», señaló Dujo. Además del agua, los ganaderos y agricultores se encuentran también con un 15 por ciento más de lluvias torrenciales, un ocho por ciento más de tierras quemadas por incendios y plagas y enfermedades nuevas a las que es necesario enfrentarse.

Otro de los cambios que se observan es la reducción de estaciones, que han pasado de cuatro a dos, sin casi otoños y primaveras y con veranos prolongados e inviernos más cortos. «Llevamos más de 50 años con políticas nefastas, que han supuesto el abandono del medio rural. Y hay que recordar que somos la pieza clave para la seguridad alimentaria», indicó Juan Antonio Rodríguez, de la Unión de Uniones de Ganaderos y Agricultores. Todo ello «lleva al abandono de este sector, debido a que cada vez es menos rentable, hay menos producción y mayores costes».

Los representantes sindicales abogaron por una «verdadera política» de Estado en la que debe participar el propio sector, con un plan de ganadería extensiva que sea un «pilar fundamental, especialmente para luchar contra los incendios forestales; introducir tecnología que ayude a conocer mejor el suelo y estudiar cultivos alternativos; seguros agrarios adaptados y, incluso, un fondo europeo de crisis climática».

«Hemos asumido acuerdos sobre el clima, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que ser parte activa de este Pacto de Estado», insistió Cristóbal Cano, secretario general de UPA.

Pilar Galindo, vicepresidenta de Seae (Sociedad Española de Agricultura Ecológica), también abogó por impulsar la agricultura ecológica que mejore la «agrodiversidad», además de trabajar por precios justos, según informa la Agencia Ical.

Por último, la mesa contó también con representación del sector pesquero, con Ilenia Bonaccorso, quien reclamó «una investigación sólida basada en el diálogo con el pescador», ya que el incremento de la temperatura del agua «tiene repercusión en los mares, provoca desplazamiento o perdida de stocks, cambio de ecosistemas y en los caladeros locales», concluyó.

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