Aplazadas las últimas declaraciones de los investigados en el caso Herrero Brigantina

Estaba previsto que el pasado viernes, 11 de abril, concluyeran las declaraciones de los 17 investigados en el caso de la presunta estafa piramidal de Herrero Brigantina. Unas declaraciones que comenzaron en el mes de febrero y que se han ido alargando en el tiempo por diferentes razones. De hecho, los principales acusados, Juan González Herrero y su mujer, Kelly Johana Galeano, iban a ser los primeros en declarar pero finalmente lo hicieron, tras un aplazamiento, a primeros de marzo.

En esta ocasión, el 11 de abril estaban citados en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Antonio Lamas, Jorge Cantón y Mónica Dieguez pero esas últimas indagatorias se han aplazado por problemas de agenda del juez titular, Santiago Pedraz. La nueva fecha será el 22 de mayo a las 10:15 horas.

Con ello, el proceso continúa a paso lento, ya que tampoco se han señalado día y hora para los representantes legales de las 12 empresas mercantiles implicadas, entre ellas Herrero Brigantina S.A., North Atlantic Insurance Broker Company S.A., North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios S.A. y Herrero Brigantina Servicios Crediticios S.A..

El abogado José Luis Ortiz, que representa a más de medio millar de afectados y que es una de las cinco acusaciones particulares, llama a la paciencia en ese sentido porque considera que en casos como este las instrucciones son largas, «por ejemplo, en el tema de los pagarés de Rumasa duró dos años y medio la instrucción», asegura.

Aún así, Ortiz espera que el Ministerio Fiscal pida la prisión incomunicada sin fianza para el supuesto cabecilla de la trama, que negó cualquier implicación, «para que todas las acusaciones particulares podamos avalarle también porque tendrá mucha más fuerza que lo pida la fiscal especial que han asignado».

Cabe recordar que la investigación sobre esta supuesta trama delictiva, en la que hay miles de personas afectadas, se inició con la denuncia de una aseguradora por uso indebido de su marca, a la que le siguieron denuncias particulares de inversores del grupo ante la imposibilidad de recuperar su dinero. Cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 2 millones de euros.

Y es que según la investigación de la Policía Nacional, las diferentes sociedades ofrecían productos de inversión con una rentabilidad atractiva para los ahorradores. Así utilizaban un esquema «Ponzi» en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores.

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