Suspendido «por temas médicos» el juicio contra el alcalde de Barjas

El juicio por presunta prevaricación administrativa que se iba a celebrar este lunes 23 de septiembre en la Audiencia Provincial de León contra el alcalde de Barjas, Alfredo García, y la secretaria municipal, ha quedado suspendido «por temas médicos del acusado».

La defensa ha denunciado la filtración de una información médico privada que obra en las actuaciones y que afecta al derecho a la intimidad y al honor. Es por ello que anuncia acciones legales, «probablemente penales», contra las personas responsables de la filtración de esos documentos.

«Se está vulnerando el derecho a la intimidad, son datos privados, sensibles de este señor que no tienen que publicarse, que solo se manejan en las actuaciones judiciales y que se han publicado», explicaron desde el despacho de abogados Cristina Somoza.

Desde la defensa del regidor de Barjas insisten en que haciendo pública esta información «se han vulnerado derechos fundamentales y derecho a la intimidad del alcalde por parte de personas que intentaremos concretar». Por ello, avanzan que pondrá en marcha acciones legales «para defender el derecho a la intimidad» de Alfredo de Arriba.

«Hay determinados documentos que obran en las actuaciones judiciales, esos documentos las partes no pueden ponerlo en conocimiento de terceros y menos aún publicarlo en prensa«, apuntan. «Se vulnera el derecho a la intimidad y se está haciendo de una manera flagrante», subrayan.

El Ministerio Fiscal pide para los dos acusados una pena de doce años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. En su escrito de calificaciones explica que en junio de 2020 el regidor acordó de oficio iniciar un procedimiento de potestad de investigación para resolver las dudas sobre la titularidad de bienes inmuebles en uno de los pueblos del municipio. Para ello, pidió a la secretaria que emitiera un informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Fue en julio de ese mismo año cuando el pleno extraordinario acordó la incoación del expediente de investigación de la titularidad de dichos bienes inmuebles y se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La Fiscalía sostiene que a pesar de que se presentaron alegaciones por parte de nueve interesados, que presentaron documentos acreditativos de la titularidad de los bienes, el acusado firmó una providencia acordando recabar informe de los servicios técnicos. Ese informe, según argumenta la fiscal en su escrito de calificaciones, fue el que utilizó posteriormente la secretaria del Consistorio, «a sabiendas de la ilegalidad», para elaborar otro documento en el que propone que las alegaciones deben ser desestimadas.

El primer edil convocó a continuación un pleno extraordinario para llevar la resolución del expediente de investigación de titularidad de los bienes, «y en base a informes técnicos y al informe propuesta de la Secretaria, consiguió manipular la voluntad del Pleno, que por mayoría acordó declarar que el Ayuntamiento de Barjas viene haciendo uso pacíficamente desde hace más de 20 años de los inmuebles», todo ello a pesar de la oposición de nueve vecinos.

Además, según la Fiscalía, esos inmuebles se inscribieron en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación, «en lugar de acudir al procedimiento civil contradictorio correspondiente».

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