Piden 12 años de inhabilitación para el alcalde de Barjas por presunta prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de León acogerá los días 23 y 24 de septiembre el juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados al alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, y a la secretaria del Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación administrativa.

En su escrito de calificaciones, la fiscal explica que el regidor, en junio de 2020, acordó de oficio iniciar un procedimiento de potestad de investigación para resolver las dudas sobre la titularidad de bienes inmuebles en una localidad del municipio. Para ello, pidió a la secretaria que emitiera un informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con el ejercicio de la potestad sancionadora.

En julio de ese mismo año, el pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, acordó la incoación del expediente de investigación de la titularidad de dichos bienes inmuebles y se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ese mismo día. Y a pesar de que se presentaron alegaciones por parte de nueve interesados, que presentaron documentos acreditativos de la titularidad de los bienes, la Fiscalía indica que el acusado, en su condición de alcalde, firmó una providencia acordando recabar informe de los servicios técnicos.

Un informe que, según argumenta la fiscal, fue el que utilizó la secretaria del Consistorio, «a sabiendas de la ilegalidad», para elaborar otro documento en el que propone que las alegaciones deben ser desestimadas. Finalmente, el regidor convocó un pleno extraordinario para llevar la resolución del expediente de investigación de titularidad de los bienes, «y en base a informes técnicos y al informe propuesta de la Secretaria, consiguió manipular la voluntad del Pleno, que por mayoría acordó declarar que el Ayuntamiento de Barjas viene haciendo uso pacíficamente desde hace más de 20 años de los inmuebles», a pesar de la oposición de 9 vecinos. Además, se inscribieron dichos inmuebles en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación, «en lugar de acudir al procedimiento civil contradictorio correspondiente».

De este modo, el Ministerio Fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y piden para los dos acusados la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por doce años.

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