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El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada sacó adelante la normativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ponferrada, con el voto favorable del equipo de gobierno, formado por PP y Coalición por el Bierzo (CB), a los que se sumaron los del Grupo Municipal Socialista. Vox votó en contra y criticó duramente el acuerdo alcanzado.
La portavoz de Vox, Patricia González, reiteró la postura de su formación en contra de esta ZBE, por considerar que «perjudica a los comerciantes y limita derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de libre circulación», aunque sus mayores argumentos se centraron en atacar al portavoz de CB, Iván Alonso, y al PP, a quienes acusó de aprobar la ZBE socialista. «Es una zona totalmente socialista. El señor Iván Alonso dio hace poco un titular: En enero de 2027 jamás, me sacarán con camisa de fuerza. ¿Ya se la han comprado?», preguntó González en referencia a la fecha de entrada en vigor del régimen sancionador, que será el 1 de enero de 2027, fecha que Alonso siempre dijo que no aceptaría. «Los dos concejales de CxB ganan casi, entre los dos, 100.000 euros al año. Quizá por eso se les olvide lo dicho», añadió la portavoz de Vox.
En cuanto al PP, González aseguró que su postura «no le sorprende». «Dos de dos. Presupuestos socialistas, ZBE socialista… Son el partido de la estafa, si tuvieran dignidad dimitirían», afirmó. Y añadió que el PP solo está derrochando el dinero de los ponferradinos y acatando las órdenes del PSOE.
Por su parte el portavoz de CB, Iván Alonso, defendió el acuerdo alcanzado con el PP y recomendó a la portavoz de Vox que lo leyese con atención ya que en enero de 2027 entrará un período de información y a partir de julio de ese año las sanciones. «Esta norma da una imagen positiva de la ciudad», aseveró en durante el pleno recogido por Ical.
Mientras, desde el PP su portavoz, Lidia Coca, dijo que esta ordenanza «es uno de los puntos más trascendentes de este mandato». Y recordó que Ponferrada no es una ciudad con problemas graves de contaminación, por lo que será muy difícil que haya sanciones. También mantuvo que es una norma que los vecinos quieren. «Es un acuerdo basado en el diálogo. Hemos cedido todos para anteponer el bien de los vecinos. Otros anteponen el mandato de Madrid o Valladolid».
Desde el PSOE su portavoz, Olegario Ramón, alabó el acuerdo alcanzado «basado en el cuidado de la salud de todos los vecinos». Según lo establecido en la normativa, las restricciones entrarán en vigor, de forma escalonada cuando haya un aumento de la contaminación. Los ciudadanos que las incumplan recibirán un apercibimiento. Al tercero habrá esa sanción económica que será de 100 euros.
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