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El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada que se celebra este viernes, 27 de septiembre, llevará entre sus puntos la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Una medida que será aprobada gracias al acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno formado por PP y CB y el principal partido de la oposición, el PSOE.
Un acuerdo que cuenta con el beneplácito de los comerciantes de la capital berciana y al que se ha llegado tras un tiempo de negociación y acercamiento entre las partes. En ese sentido, el documento incluye que cuando los niveles de alerta se superen y se mantengan en el tiempo, se vayan aplicando medidas restrictivas escalonadas a la circulación en función de los distintivos medioambientales; y también la fecha de aplicación del régimen sancionador será una fecha intermedia entre la que proponía el PSOE -enero de 2026- y la que proponía el gobierno municipal -diciembre de 2027-.
Con todo ello, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, mostró su satisfacción por haber logrado consensuar el alcance y aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, cumpliendo uno de sus compromisos electorales y respetando los deseos del sector comercial, empresarial y de los profesionales «que no querían ver mermada la afluencia a sus negocios como consecuencia de la entrada en vigor de la ZBE».
El regidor también valoró positivamente que, «por encima de las legítimas diferencias y aspiraciones de partidos políticos que tenían programas electorales muy distintos, hemos sido capaces de priorizar el interés general y no las posiciones partidistas».
«Creo sinceramente que hemos alcanzado ese complejo punto de equilibrio y estoy seguro de que hacia el futuro veremos que se aplica la zona con la finalidad exclusiva de evitar esa posible contaminación sin perjudicar a ningún ciudadano. Pensando en los intereses generales del municipio este es el mejor acuerdo posible», concluyó.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, consideró el acuerdo alcanzado como «beneficioso para la ciudadanía» y añadió que la pretensión de los socialistas no era que la ZBE se convirtiera «en un arma arrojadiza», sino que «se ponga en marcha cuanto antes para que la ciudadanía pueda comprobar de primera mano los beneficios que supondrá no solo para comerciantes y vecinos de la zona sino para el resto de la ciudadanía que acude a comercios y negocios de hostelería ubicados en el centro».
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