Ponferrada

Podemos reclama que las viviendas del Sareb vacías se destinen a alquiler social

Podemos reclamó de nuevo que las viviendas y parcelas que la Sareb tiene cerradas en Ponferrada se destinen a crear un parque municipal de alquiler social y vivienda accesible, ya que en la actualidad la situación del mercado inmobiliario en la capital berciana «es insostenible», denunció la portavoz, Lorena González.

Según González, «amplios sectores de la población tienen serias dificultades para acceder a una vivienda a un precio razonable y, si hablamos de suscribir un alquiler, los requisitos son absolutamente inalcanzables para muchas personas y familias que se animan a venir al municipio. Estamos haciendo cargar a los y las propietarios particulares con un deber que es de la administración pública: garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna».

La portavoz morada hizo hincapié en el caso de los jóvenes arrendatarios quienes, «según los últimos informes económicos, llegan a destinar más de un 50% de su salario al pago del alquiler. Quedarse en el paro, ser madre soltera, acabar de llegar al municipio o tener un trabajo parcial o no indefinido, se han convertido en motivos para no poder acceder a una vivienda en Ponferrada«.

En este contexto, Podemos Ponferrada pone el foco en las 64 viviendas que posee la Sareb en la capital berciana, así como en las 15 parcelas que tiene para construir vivienda pública. Para la portavoz de la formación, «aprovechar estos activos supone aumentar y consolidar un parque público de vivienda en alquiler en el municipio que se inició en el anterior mandato y que ha sido congelado por el nuevo equipo de gobierno».

Cabe recordar que la SAREB es una entidad que se creó bajo el mandato de Rajoy con el objetivo de absorber los inmuebles y la enorme deuda de las cajas de ahorro y entidades de crédito que fueron rescatados en la crisis financiera de 2008. Actualmente la SAREB dispone de miles de viviendas, parcelas, locales y trasteros por toda España que, en muchas ocasiones se están vendiendo a grandes fondos de inversión internacionales, sobre todo, en las zonas turísticas.

Por ello, con una deuda pública de 14.500 millones de euros «que ya han dicho que no van a devolver a las arcas públicas» y con propiedades «que hemos pagado todos con dinero público», González considera de recibo que esas casas, parcelas y activos inmobiliarios pasen a ser bienes públicos gestionados por el estado «y que sirvan para acercar un bien de primera necesidad a la ciudadanía, rebajar el precio de las hipotecas y alquileres, garantizar una vivienda digna a quienes residen en nuestro país y reducir la parte de nuestro salario que los españoles y las españolas empleamos en pagar la hipoteca o el alquiler de nuestro hogar», concluyó.

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