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La Audiencia Provincial de León juzgará los días 4 y 5 de noviembre a un matrimonio de empresarios bercianos por un posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa e insolvencia punible, para los que pide 3 años de prisión y una multa de 3 millones de euros.
En el escrito de calificaciones la Fiscalía formula acusación contra estas dos personas y contra las empresas Construcciones Metálicas Carlos SL y Arbo Complementos de la Construcción SL. Así, considera que, con el propósito de obtener un beneficio económico ilegítimo y en ejecución de un plan previamente organizadopor ambos, presentaron un proyecto «que desde el principio sabían que no iban a llevar a cabo», solicitando un préstamo subvencionado reembolsable ante el entonces denominado Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Autorizada la solicitud, la Administración ingresó en la cuenta de una de las sociedades 1,2 millones de euros, un préstamo que fue concedido bajo la condición de que dichos fondos fueran destinados a los gastos del proyecto presentado, en concreto una nueva planta industrial de fabricación tecnológica de componentes metálicos y con la advertencia de sanciones en caso de no justificar los gastos y pagos.
A pesar de ello, el fiscal asegura que los acusados no destinaron las cantidades señaladas al fin por el que le fueron concedidas, «derivándolas a propósito a otros pagos de carácter personal y diferente al objetivo inicial, y además dejaron de integrar las cantidades a las que estaban obligados».
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Así, en 2013, el Ministerio de Industria dictó una resolución de reintegro por incumplimiento de las actuaciones comprometidas por un importe superior a 1,3 millones de euros, «de modo que los acusados no hicieron frente al pago de los mismos, ya que en aquella fecha eran insolventes».
Todo ello causó un perjuicio a las arcas del Estado que en 2018 se cuantificó en más de 1,6 millones de euros más recargo y cerca de 758.000 euros en intereses de demora, incrementándose por el devengo de intereses esas cantidades en 122.798,07 euros y 234.281,30 euros.
Estos hechos son, para la Fiscalía, constitutivos de un delito de fraude de subvenciones, por el que piden para cada uno de los acusados 3 años de cárcel y 3 millones de euros de multa; o alternativamente del delito de estafa y de insolvencia punible, por los que se pide tres años de cárcel por cada uno de ellos.
Además, en concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar al Ministerio de Industria con las cantidades antes mencionadas.
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