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Imagen de archivo de la Torre de la Rosaleda. César Sánchez
Piden 3 años de cárcel por falsificar la firma de la presidenta de una comunidad de vecinos

Ponferrada

Piden 3 años de cárcel por falsificar la firma de la presidenta de una comunidad de vecinos

La Fiscalía de Ponferrada, en su escrito de calificaciones, pide que se declare nula la sentencia que condenaba a la comunidad de vecinos de la Torre de la Rosaleda a abonar 10.000 euros por impago de facturas a este empresario

Esther Jiménez

Ponferrada

Martes, 2 de julio 2024, 11:25

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La Audiencia Provincial de León acogerá el próximo lunes, 8 de julio a las 9:45 horas, el juicio contra el administrador único de una empresa, para el que la Fiscalía de Ponferrada pide 3 años de prisión y 12 meses de multa por los delitos de falsificación de documento privado y de estafa procesal.

Los hechos se remontan a marzo de 2020 cuando el ahora acusado denunció por impago de facturas a la comunidad de propietarios de la Torre de la Rosaleda, en la capital berciana. En concreto, reclamaba el pago de la de 10.732,70 euros que eran consecuencia de los servicios prestados en el edificio.

En el momento de presentación de la demanda, el empresario adjuntó tanto las facturas reclamadas como un contrato de mantenimiento de instalación de protección contra incendios, que contenía la firma de la presidenta de la comunidad «para acreditar que las cantidades reclamadas eran debidas».

El juicio se celebró en febrero de 2021 y durante el mismo la parte demandada alegó la falsedad de la firma contenida en dicho contrato. A pesar de ello, la demanda fue estimada y la comunidad de vecinos condenada a pagar la cantidad adeudada más lo intereses legales.

Puebra pericial caligráfica

Tras la práctica de la prueba pericial caligráfica pertinente, se ha constatado que el acusado, de una forma directa o a través de terceras personas de su empresa, imitó la firma de la presidenta de la comunidad «con la intención de perjudicar los intereses» de dicha comunidad de propietarios y obtener el abono de las facturas.

Por todo ello, la Fiscalía pide 3 años de prisión, 12 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, además de que se declare la nulidad de la sentencia de febrero de 2021. También solicita una indemnización para la comunidad en los gastos y costas causadas.

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