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Trabajos de demolición de la central de Compostilla II en Cubillos del Sil. E. Jiménez
El juzgado rechaza la paralización cautelar del derribo de las torres de Compostilla II

El juzgado rechaza la paralización cautelar del derribo de las torres de Compostilla II

La plataforma Bierzo Ya presentará este lunes recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada que entiende que «no existen indicios bastantes de criminalidad» en base al informe del Ministerio Fiscal

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 25 de agosto 2023, 10:14

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada ha denegado la paralización cautelar solicitada por la plataforma Bierzo Ya de la demolición de las dos torres de refrigeración y una de las chimeneas de la central de Compostilla II en Cubillos del Sil, prevista para el jueves día 31 de agosto.

Considera que «no procede» adoptar dicha medida porque «no existen indicios bastantes de criminalidad» para atender dicha petición tras la denuncia penal interpuesta por el colectivo en base al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo ello en base al informe del Ministerio Fiscal que entiende que «no resulta adecuado adoptar una medida cautelar que no tendría justificación ni conexión con el contenido de una denuncia en la que entiende que «no existen indicios bastantes de criminalidad».

Así las cosas, Bierzo Ya ha anunciado a través de un comunicado que presentará este lunes 28 de agosto un recurso contra la decisión para evitar 'in extremis' la voladura que derribará las dos torres de refrigeración 4 y 5 y la chimenea G5 de la central de Compostilla II propiedad de Endesa que se enmarca en el proceso de desmantelamiento de la térmica.

La denuncia penal de la plataforma se presentó hace una semana tras el archivo por parte de la Fiscalía provincial de Valladolid de las diligencias de investigación preprocesal, por los mismos hechos relativos al trabajo técnico realizado «en tiempo récord, en tan solo tres semanas» por la Junta de Castilla y León y que consideran que «no se ajusta a la realidad» sobre los motivos esgrimidos para garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

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