El Bierzo, sin oncólogos

El Defensor del Paciente apela al Fiscal Superior de Castilla y León en la crisis de Oncología

El Defensor del Paciente insta al Fiscal Superior de Castilla y León a investigar la situación del servicio de Oncología del Hospital Universitario del Bierzo. La asociación eleva la petición a su titular Santiago Mena ante el silencio de la Fiscal de León, Isabel Morán, tras solicitar su intervenión ante la grave situación que soportan enfermos y familiares por falta de médicos.

Lamenta que la Fiscalía de León no se interese por el caso ante «el peligro» que supone la falta de oncólogos en el primer centro sanitario de la comarca. Insiste en que «es un delito contra las personas por abandono, por dejación de funciones por maldad administrativa».

«No entendemos por qué los que deben cuidar de la ley de asistencia a los pacientes, en casos como este no toman medidas de intervención», lamentan. Consideran que es «una urgencia vital la intervención» al tratarse de una situación que está poniendo en riesgo vidas humanas.

Es por ello que aconseja a todos los pacientes afectados y a sus familias «que dejen de protestar y se vayan al juzgado en masa». El Defensor del Paciente insiste en que «la especialidad de Oncología no es cualquier cosa, no es que nos duela una uña de un pie». «Realmente están pasando muchos días, la pasividad de la administración es nula y hay que tomar decisiones muy serias y contundentes no puede estar un hospital sin oncólogos, es imposible», explica su presidenta, Carmen Flores.

El Defensor del Paciente fundamenta su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiiento Criminal «nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal», según recogen en el escrito remitido a la Fiscal Superior de Castilla y León. «En este caso entendemos que se pone en riesgo por la actuación de la administración», remarcan.

La Asociación se acoge también para dicha petición al artículo 376 del Código Penal que recoge que «el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años».

«Miren su interior y valoren ¿que harían si fuera un familiar de ustedes quienes estuvieran en este caso? Son servidores públicos, esos que están sufriendo mantienen las administraciones también la de justicia», concluyen.

• Temas
• El Bierzo (Comarca)
• Sanidad
• Cáncer