Una sentencia anula todos los permisos de la Red de Calor de Ponferrada

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha estimado el recurso presentado por Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla contra el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl por la Red de Calor instalada en dicho barrio ponferradino. Una sentencia que vuelve a dejar esta instalación «en total ilegalidad», según señalan los demandantes.

«Desde el principio ha sido una cacicada del consejero Suárez Quiñones y de la entonces alcaldesa, que el siguiente alcalde consintió. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública SOMACYL», añaden y consideran que esta sentencia «histórica» recoge todos sus argumentos respecto a la Red de Calor «construida ilegalmente en el Barrio de Compostilla y que seguirá sin funcionar».

Víctor A. Bayón, el abogado de Cordal Estudio Jurídico que ha llevado la demanda judicial, destaca que «el juzgado declara como ilegales tres acuerdos municipales pudiendo incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes dado que el juzgado aprecia una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020».

En la sentencia, el Juzgado anula la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta por varios motivos. En primer lugar, la sentencia aprecia que el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un «fraccionamiento del proyecto», dado que optó por conceder las licencias impugnadas limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo a la red de calor que distribuye el mismo por toda la ciudad.

La sentencia concluye contundentemente que «la Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial». Este hecho supuso perdonarle a SOMACYL decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros.

La sentencia concluye que ha habido una información pública deficiente, «esto es, una ocultación y falta de transparencia, escondiendo ante la sociedad ponferradina el conocimiento completo del proyecto», lo que ha impedido una participación informada y efectiva, vaciando de contenido la finalidad del trámite.

Así, se omitió el trámite de audiencia a los interesados. De hecho, «a Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal», señala el colectivo.

Finalmente, la sentencia aprecia ilegalidades urbanísticas dado que concluye que se ha tratado de consolidar por la vía de los hechos una actuación cuya cobertura urbanística integral es inexistente, pues el proyecto «implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo». Dicha ocupación de las tuberías requería un título habilitante específico, que «no podía ser sustituido por una licencia de obras».

«Llevamos casi nueve años denunciando que la red de calor se estaba haciendo mal, que se atropellaron los derechos vecinales por la prepotencia de los responsables municipales y del Consejero de Fomento, Suárez-Quiñones; y la Justicia nos da la razón por segunda vez. Exigimos expresamente la dimisión inmediata de Suárez-Quiñones y la exigencia de las responsabilidades políticas y económicas correspondientes, así como una auditoría del dinero público gastado en este proyecto», insiste la asociación ecologista.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Compostilla solicita al alcalde Ponferrada que no recurra la sentencia y se asuman las ilegalidades sufridas por este barrio. Finalmente, desde Cordal Estudio Jurídico anuncian también que procederán a comunicar esta sentencia al Banco Europeo -que había concedido un aval a SOMACYL, igualmente cuestionado- para que no se siga financiando con dinero público esta instalación que califican como «un sumidero de préstamos europeos».

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