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El PSOE de Ponferrada exigió al equipo de gobierno, de PP y Coalición por el Bierzo (CB), dos cambios en la normativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) presentada en las últimas horas para contar con su apoyo. En concreto, piden que, cuando se eleven los niveles de contaminación, las restricciones se hagan de forma progresiva y que las multas empiecen a aplicarse a partir de enero de 2026.
Así lo defendió el portavoz socialista, Olegario Ramón, quien aseguró que la norma que proponen no se ajusta a las que se exigen a nivel europeo. «No estamos en contra de que las restricciones se apliquen solo cuando haya un episodio de alta contaminación, pero estas deben ser progresivas. Primero prohibir la entrada de los coches sin etiqueta. Si siguen los índices elevados prohibir los de etiqueta C, después los B y por último los ECO», explicó Ramón. Tampoco se muestran de acuerdo con que no haya multas hasta diciembre de 2027 y piden que este período de carencia acabe en enero de 2026.
Por otro lado Ramón expresó los dos mapas de la Zona de Bajas Emisiones. Por un lado el que elaboró el PSOE y por otro el que ahora se presenta. «Les invito a buscar las diferencias. No las van a encontrar porque es el mismo. La campaña electoral de PP y CB se basó en mentiras y siguen mintiendo», afirmó. E insistió en que las ZBE son una exigencia europea para los municipios de más de 50.000 habitantes. «Municipios, no ciudades», aclaró en declaraciones a Ical.
El portavoz del PSOE recordó que el proyecto iba mucho más allá porque incluía atención a la movilidad, señalización, a través de pantallas, de los aparcamientos disuasorios libres o remodelación de calles que se encontraban en proceso de degradación. «Dice el alcalde que si se quita una sola cámara habrá que devolver tres millones de euros. ¿Y qué pasa cuando se abre una calle que en el proyecto aparecía como peatonal?», se preguntó. También, criticó que no haya dinero para asfaltar calles de la ciudad pero sí que hayan gastado en otra vía donde «hay un negocio de un amigo».
Ramón también aclaró que si la ZBE no entra en vigor no habría que devolver tres millones de euros ya que la subvención que llegó de Europa solo fueron 2,4 millones.
Por último también aseguró que el proyecto técnico no podrá aprobarse en el pleno del mes de mayo ya que actualmente hay abierta una consulta público que acaba el 7 de mayo. «La ley exige que haya una fase de información pública de treinta días así que será imposible», finalizó.
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