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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada presentó este miércoles, 24 de abril, la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una propuesta que será llevada a pleno extraordinario el próximo 14 de mayo y que de no aprobarse obligaría al Consistorio a devolver los 3 millones de euros de fondos europeos que ya se han invertido en la ciudad para su implantación.
Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Marco Morala, que aseguró que esta ordenanza cumple con los compromisos electorales del PP de no aplicar la ZBE del PSOE y con el pacto de gobierno con Coalición por El Bierzo.
De este modo, la Zona de Bajas Emisiones no modifica su delimitación de la propuesta del anterior equipo de gobierno pero sí contempla dos premisas distintas: una de ellas es la libertad de circulación y acceso de todos los vehículos al centro de la ciudad, al menos que se superen determinados niveles de contaminación, «que en Ponferrada no tenemos grandes problemas al respecto»; y la otra es que el régimen sancionador no se comenzará a aplicar como mínimo hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de que el siguiente gobierno municipal lo pueda prorrogar.
En concreto, las sanciones son las mismas que las contempladas a nivel de tráfico en toda la ciudad, con un máximo de 200 euros.
«Con ello, vamos a conseguir preservar la movilidad, el acceso al centro y la salud y el medio ambiente de los ponferradinos», apuntó el regidor.
Un equipo multidisciplinar liderado por la concejala de Presidencia, Lidia Coca, ha sido el encargado de elaborar esta nueva ordenanza. Para Coca, el Partido Socialista, «con fines electoralistas», fue el que «ideó este proyecto pero no miraron más allá, buscaron 3 millones para hacer obras que sabían que no iban a llegar hasta finales de 2022 o principios de 2023, con las elecciones a la vuelta de la esquina pero no pensaron en el centro ni en sus comerciantes».
De hecho, cuando PP y CB llegaron al gobierno se encontraron con que no se podía cambiar la delimitación de la ZBE -ya que en un principio querían llevarla al casco antiguo- pero cualquier cambio «suponía la devolución de los 3 millones de euros». Por tanto, optaron por elaborar esta nueva ordenanza que se ajuste a las condiciones de Ponferrada, «no somos Madrid ni Barcelona», argumentó la edil.
Y es que los niveles de contaminación en la capital berciana no suponen un gran problema, sobre todo teniendo en cuenta que ya no existen las dos térmicas de la comarca ni hay actividad minera. Por tanto, la Zona de Bajas Emisiones solo se activaría en caso de superar niveles muy altos, algo que solo ha sucedido una vez en los últimos 20 años.
Coca señaló a su vez que el anteproyecto y la ordenanza están publicadas en la página web del Ayuntamiento y que ya han recibido dos alegaciones. Además, una vez aprobada habrá otro trámite de alegaciones, por tanto «somos más que transparentes».
Por su parte, Iván Alonso consideró que esta ordenanza «es justa para las circunstancias de Ponferrada» y lanzó un mensaje positivo, «se puede entrar al centro, no se va a perseguir a nadie y encima vamos a cumplir con la normativa».
Además, puso en tela de juicio la postura del PSOE en el anterior mandato, con una ZBE de la que «nosotros retiramos nuestro apoyo» porque «no hubo diálogo serio» y «no era coherente».
El equipo de gobierno llevará a pleno esta ordenanza el 14 de mayo, por lo que ya ha remitido una copia a los dos grupos de la oposición, y confía en que tanto PSOE como Vox le den su aprobación. Una aprobación necesaria puesto que si no el Ayuntamiento tendría que devolver los 3 millones de euros de fondos europeos.
«Si no se aprueba el daño que va a causar al futuro de POnferrada tendrá nombre y apellidos de los que voten en contra», afirmó el alcalde, Marco Morala, que añadió que la normativa obliga a que la ZBE entre en vigor en diciembre de 2024, por lo que «hay que hacerlo todo en mayo porque no se llegaría a esa fecha».
«Esta Zona de Bajas Emisiones es el Mundial de Ciclismo de Olegario Ramón», concluyó.
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