Los juzgados comienzan a dar la razón a los trabajadores de Herrero Brigantina

Los trabajadores de Herrero Brigantina, tanto de la que era la sede en Ponferrada como en el resto de oficinas repartidas por la geografía española, comienzan a ver algo de luz tras el escándalo en el que se encuentra inmerso este grupo, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, en concreto sus máximos representantes, por una supuesta estafa piramidal, además de por otros presuntos delitos.

En ese sentido, los Juzgados de lo Social, en este caso de Ponferrada, están comenzando a dar la razón a los empleados para poder extinguir sus contratos, ya que hasta el momento muchos seguían dados de alta y sin recibir cartas de despido pero no percibían los salarios y acumulaban muchos impagos, por lo que no podían acudir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Incluso, los trabajadores llegaron a encontrarse con las puertas cerradas de la sede de la calle Hamburgo en la capital berciana -que fue subastada recientemente por la Seguridad Social por deudas de la empresa- en días laborables, lo que motivó denuncias ante la Inspección de Trabajo y avisos a la Policía Municipal para levantar atestados.

Esto ha provocado situaciones muy complicadas para muchos de esos empleados, que han tenido que acudir a la Justicia para poder extinguir sus contratos. Son siete empresas del grupo Herrero Brigantina las que constan como demandadas - Herrero Brigantina, North Atlantic Insurance Broker Company, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora S.L., Compañía Galega de Corretaxe S.L., NAIBC Servicios Crediticios, Herrero Brigantina de Economía S.L., Herrero Brigantina de Servicios Crediticios SAU- y en ningún caso se han presentado ni a los actos de conciliación previos ni a los juicios.

De este modo, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada considera justificada la extinción pretendida por el trabajador, defendido por el letrado Ángel González Brunelli, de Brunelli Abogados, por la falta de pago y el retraso en el pago de los salarios devengados. Por tanto, declara extinguida la relación laboral y establece una indemnización.

La sentencia ya es firme pero el grupo empresarial no ha abonado la cantidad estipulada, por lo que se pedirá su ejecución, mediante la búsqueda de bienes, y si no será el Fogasa el que tendrá que hacer frente a la indemnización.

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