Finaliza el juicio contra el ex alcalde de Cubillos, que se querellará contra un empresario

Queda visto para sentencia el juicio contra el ex alcalde de Cubillos del Sil, José Luis Ramón. Tras las conclusiones finales, el Ministerio Fiscal mantiene su petición de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación, mientras que la acusación popular, ejercida por la ex concejala Montserrat Corral y el actual edil de Ciudadanos Tomás Ramos mantienen los seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística continuada en concurso medial con falsedad continuada en documento oficial por autoridad.

Durante la sesión celebrada este viernes el abogado de José Luis Ramón anunció una querella contra un constructor que fue uno de los que supuestamente extrajo de forma ilegal áridos del polígono de El Bayo. Y es que, según declaró en el juicio, el entonces alcalde «supuestamente era totalmente conocedor de las extracciones incontroladas de áridos, que «eran regalados» y que incluso «pudo participar de los beneficios».

Según los concejales demandantes, José Luis Ramón «está en su derecho de querellarse pero carece de fundamento intentar ahora amedrentar al testigo, cuando la mayor parte de lo declarado por él está comprobado por la Guardia Civil y encaja con los indicios que obran en autos». En cualquier caso, agradecen «la valentía del testigo que ha reconocido que varias empresas constructoras sacaron áridos de El Bayo con el supuesto aval y el pleno conocimiento del entonces Alcalde y que los pudieron llevar a obras como las de Endesa, en La MSP, en el Canal Alto del Bierzo, en la Planta de Co2, en la CIUDEN o en el polígono de Cabañas».

Para la acusación, estos hechos han sido ratificados por numerosos testigos que vieron cómo supuestamente varias empresas sacaron cientos de camiones de zahorras de la III Fase del Polígono de El Bayo, que no iban a obras municipales sino a otros lugares. Dicha extracción «superó los tres metros de profundidad, afectó al nivel freático y necesitaba licencia ambiental y de Minas, lo que se evitó con dichos permisos denunciados». Los ediles denunciantes aseguran, además, que José Luis Ramón no tenía potestad para´«regalar» esos áridos porque el terreno no era de titularidad municipal.

Como resultado de la extracción, hay tres grandes parcelas que «se han depreciado tanto que incluso regaladas no habrá nadie que las adquiera. La profundidad de la extracción junto con el vertido de todo tipo de residuos hacen que la cimentación sea muy difícil y cara de conseguir a la hora de construir una nave industrial. Además de tener que hacerse cargo del elevado coste de la retirada y tratamiento de los residuos vertidos durante la extracción», añaden.

Además, «se ha afectado gravemente a futuros viales del polígono, los cuales han sufrido una extracción brutal de material que era un firme necesario para la compactación de las futuras calles. Y además hay que desalojar los escombros, vertidos y demás porquerías perjudiciales para la construcción y garantías del vial».

Tomás Ramos considera también que en el juicio se ha probado que las extracciones «nunca han sido restauradas y han quedado enormes socavones en los que se han depositado escombros de hormigón, neumáticos, raíces, escombros de asfalto y otros distintos residuos que nada tiene que ver con la tierra vegetal».

Por último, la acusación popular también cree probado que «todo era un fraude pues las extracciones se llevaron a cabo bajo ese subterfugio en parcelas no municipales sino propiedad de un tercero, ADE, agencia que además había mostrado por escrito su negativa a la autorización».

En este contexto, estos concejales han reclamado de nuevo la inmediata dimisión de José Luis Ramón, como presidente de Asodebi.