25 años de la exhumación de 'los 13 de Priaranza': una historia de reparación y justicia

Un cuarto de siglo de «reparación, justicia e historia». Este 21 de octubre se cumplen 25 años del inicio de los trabajos de búsqueda de una fosa común de la represión franquista que por primera vez en la historia de España lograba identificar con ADN a los asesinados. Fue en Priaranza del Bierzo, donde fueron encontrados los restos de trece civiles republicanos procedentes de distintas localidades del Bierzo, asesinados y hechos desaparecer por un grupo de pistoleros falangistas, el 16 de octubre de 1936.

Se trató de la primera exhumación científica de una fosa común promovida por familiares y dirigida por el arqueólogo Julio Vidal, con el que colaboraron un grupo de forenses y antropólogos. Fue la segunda en la fosa ya que en 1036 de forma clandestina la familia de uno de los represaliados desenterró uno de los cuerpos.

Después de tres días de búsqueda, y cuando parecía que el ensanchamiento de la carretera había podido llevarse por delante los restos óseos, apareció una bota que contenía los huesos del pie de la primera de las trece personas que fueron exhumadas.

La exhumación había sido promovida por la familia de uno de los asesinados, Emilio Silva Faba, que en julio de 2000 registró una petición a Daniel Fernández, alcalde entonces de Priaranza del Bierzo, solicitando ayuda para los trámites que pudieran ser necesarios para hacer posible la exhumación, así como para facilitar la interlocución con el propietario de la finca donde se encontraban los cuerpos.

La fosa ya había sido exhumada en octubre del año 1936 cuando una de las familias que supo dónde habían sido abandonados los cadáveres acudió a ese lugar y describiendo la ropa y el aspecto físico de una de las personas que estaban allí enterradas fueron orientados para poder desenterrarlo y clandestinamente trasladarlo a su pueblo para inhumarlo en una tumba familiar. Eso explica que las exhumaciones de fosas y la búsqueda de desaparecidos víctimas de la represión franquista comenzó en cuanto se cometieron los crímenes y hubo familias como la que acudió a Priaranza tuvieron información y corrieron un enorme riesgo para poder dar sepultura digna a un ser querido. La familia que lo hizo ha querido permanecer en el anonimato.

De la historia de ese desenterramiento en 1936 dio testimonio Francisco Cubero, un vecino de Villalibre de la Jurisdicción que con 16 años fue obligado por la falange local, junto a otros dos jóvenes que simpatizaban con las ideas republicanas, a cavar la fosa y enterrar los cadáveres, recuerda ahora, 25 años después, Emilio Silva, nieto de uno de los represaliados y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La exhumación científica del resto de los cuerpos en el año 2000 sirvió para demostrar que tantos años después esas víctimas podían ser identificadas genéticamente. Además, fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) un colectivo que interpuso las primeras denuncias por desaparición forzada en juzgados españoles, que implicó a Naciones Unidas y a su Grupo de Trabajo contra la Desapareció Forzada, al viajar hasta Ginebra para presentar 64 casos de desaparecidos en el año 2002. También promovió un debate acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura en un país en el que el Congreso y el Senado no habían hecho mención alguna a los desaparecidos del franquismo en 25 años, pero habían creado comisiones para investigar la desaparición de súbditos españoles en las dictaduras de América.

Tres años después de la exhumación, Emilio Silva Faba fue enterrado en su pueblo natal en el mismo nicho en el que se encontraban los restos de la que fue su mujer, Modesta Santín, que había muerto tres años antes de la exhumación.

Al lugar de la exhumación acudieron a pedir ayuda algunos familiares como Isabel González, de Palacios del Sil, que buscaba a su hermano Eduardo; o Aníbal Arroyo, que trataba de encontrar información sobre la desaparición de su abuelo en Toreno.

Ahora, 25 años después de un hito que marcó el camino para que decenas de familias desde entonces hayan podido enterrar de forma digna a sus seres queridos y reparar su memoria, la Asociación exige que se ponga en marcha un banco de ADN para poder identificar y dar sepultura a todos los represaliados que todavía ocupan fosas comunes en toda España.

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