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El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada denuncia que el «capricho» del alcalde, Marco Morala, de retirar el parklet «ha costado lo mismo que supuso al ayuntamiento su instalación».
La concejala del PSOE Mabel Fernández ha recordado que el coste de la instalación fue de 12.000 euros y que el traslado costó solo el acondicionamiento 7.160 euros, a lo que hay que añadir el coste de los 6 bancos que tuvieron que poner y el trabajo de la brigada. «Sumándolo todo supera los 12.000 euros que abonó el Ayuntamiento por la colocación del mismo», indicó.
Precisamente uno de los puntos de la Comisión de Hacienda celebrada en la mañana de este martes 24 de septiembre era el de la convalidación de la omisión de fiscalización de intervención de la factura correspondiente a los gastos del traslado del parklet. Fernández explica que este punto deriva de la obligación de la administración pública de tener un procedimiento para la realización de gastos que requiere que haya partida en el presupuesto y que se apruebe el gasto.
La concejala socialista ha señalado que «no solo no había presupuesto para llevar a cabo ese traslado sino que el procedimiento administrativo para aprobar el gasto también fue irregular». Pese a todo destaca que «se continuó con la orden sabiendo que no había presupuesto y una vez ejecutado de los cinco días que la intervención les dio para contestar tardaron casi tres meses». Lamentó, en este sentido, que «empieza na ser frecuentes las omisiones de fiscalización que se llevan a Pleno por saltarse el procedimiento».
Para finalizar Mabel Fernández subraya que se trata de una situación que no solo afecta al ayuntamiento sino que también a las empresas locales «que se han visto metidas en los líos de este equipo de gobierno, que no tienen por qué saber si este equipo de gobierno se salta o no los procedimientos administrativos». Asegura, además, que ha sido advertida por Intervención de que «en caso de continuar prestando servicios/suministros/obras sin la previa existencia de procedimiento administrativo de contratación, pueden provocar un impago total o parcial al entenderse que dicho tercero ha coadyuvado a la realización de gastos públicos de forma irregular», concluy
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