El PSOE denuncia el «nuevo retraso deliberado» en el cumplimiento a la sentencia que anula el contrato de la basura

El portavoz municipal del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón./Carmen Ramos
El portavoz municipal del PSOE en Ponferrada, Olegario Ramón. / Carmen Ramos

Recuerda que el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, rompió la disciplina de voto ante la posibilidad de tener «problemas personales»

ELBIERZONOTICIAS Ponferrada

El PSOE de Ponferrada volvió a denunciar hoy la responsabilidad del equipo de Gobierno «y muy especialmente de su alcaldesa», Gloria Fernández Merayo, en los «retrasos deliberados» acerca del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que en julio de 2016 anuló el contrato del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad. «¡Asuman esa responsabilidad o váyanse!», espetó el portavoz socialista, Olegario Ramón, que consideró que la regidora «no está en condiciones de exigir apoyo alguno a nuestros concejales cuando ni siquiera tiene el de su propio compañero y concejal responsable de Medio Ambiente», Roberto Mendo.

Al respecto, Ramón aseguró que Mendo sostiene que si vota lo que pide su propio partido en este asunto podría enfrentarse a algún «problema personal». «Suponemos que se refiere a consecuencias jurídicas de diverso índole por su decisión», afirmó el portavoz del PSOE, que remarcó que la alcaldesa «no tiene legitimación alguna» para exigir «el más mínimo compromiso» de parte del grupo socialista.

En ese sentido, el portavoz recordó que, desde que se conoció la sentencia, el PSOE apostó por «explorar la vía de una posible renuncia al contrato por razones de interés público y la asunción de la gestión directa del servicio». Tras dos años sin solicitar informes al respecto, Ramón recalcó que el PSOE «habría apoyado la realización de los informes si se hubieran realizado en un plazo razonable, en las semanas o meses inmediatamente posteriores a la firmeza de la sentencia».

Por otro lado, el portavoz socialista instó a la regidora a «trasladar a la autoridad judicial para que depure responsabilidades» las supuestas «amenazas indirectas» que una de las empresas que optó a la licitación del contrato habría ejercido sobre funcionarios municipales. «Entendemos que es de la máxima gravedad», aseguró Ramón.

 

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