Trama Enredadera

El PSOE acusa al equipo de gobierno y al PP de «tomar medidas que beneficiaron» a Ulibarri

El secretario general de la agrupación local del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, junto a la secretaria de Organización,, Carmen Morán./César Sánchez
El secretario general de la agrupación local del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, junto a la secretaria de Organización,, Carmen Morán. / César Sánchez

Considera que las explicaciones del diputado Eduardo Fernández son un intento de «normalizar conductas absolutamente deplorables»

ELBIERZONOTICIAS Ponferrada

La Agrupación Municipal Socialista de Ponferrada considera que los hechos demuestran que desde el equipo de gobierno de Ponferrada y desde el Partido Popular «sí se tomaron medidas que beneficiaban de manera importante» al empresario José Luis Ulibarri, en prisión, investigado en la operación Enredadera.

El PSOE de Ponferrada entiende que las explicaciones del diputado del PP, Eduardo Fernández, en una emisora local «son un intento más de intentar normalizar conductas absolutamente deplorables». Insiste en que en una valoración aséptica de las conversaciones que han trascendido, siendo por tanto palabras emitidas directamente por los responsables del Partido Popular, «se deriva claramente que el concejal Ricardo Miranda trasladaba información reservada y confidencial a la actual concesionaria del TUP sobre el nuevo proceso de licitación, que la señora alcaldesa se reunía con un empresario dueño de importantes medios de comunicación en lugares donde nadie les viera, no en su despacho oficial, y el señor Eduardo Fernández era un interlocutor habitual del empresario, en ocasiones ejercía de recadero del mismo y, en otras, se le utilizaba para tener acceso a importantes cargos del PP, así como definían las actuaciones a realizar con los responsables del partido», indicó la secretaria de Organización, Carmen Morán Franco.

Los socialistas consideran, por ello, que el argumento de que no se ha adoptado ninguna medida que beneficia al principal investigado de la causa «no se ajusta en absoluto a la realidad». Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Ponferrada, entienden que el equipo de gobierno del PP «ha permitido que la situación alegal del transporte público se mantenga» desde el año 2012, lo que supone «un desembolso de tod@s los vecin@s de Ponferrada y sus pueblos de 1,2 millones de euros por año a la empresa participada por el empresario señor Ulibarri, elevada a 1,32 millones en el proyecto de presupuestos de 2018». Una cantidad que recuerdan que se suma a lo obtenido por la empresa por la venta de billetes, de la publicidad y de la ayuda de Fomento al transporte público.

Desde el PSOE local entienden que se trata de «un hecho incontrovertible» y recuerdan como ya en agosto de 201 el grupo municipal junto a Ponferrada en Común promovieron un pleno extraordinario para municipalizar el servicio «siendo ampliamente criticada nuestra propuesta, y votada en contra por la práctica totalidad de la Corporación». Una decisión que supuso, a su juicio, un «beneficio únicamente de la actual empresa prestataria del servicio» cuando «esa cortina de humo de la señora Merayo, que fue el anuncio de la municipalización del servicio, se hizo el día 10 de agosto de 2018, curiosamente cuando había estallado la causa y el empresario ya estaba encarcelado».

5,8 millones de euros anuales para FCC

Respecto a la empresa prestataria del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, los socialistas consideran que de ser ciertas las afirmaciones realizadas por el señor Angel Luis García, otro empresario investigado también en esta causa, ambos tienen un acuerdo comercial con la empresa FCC en Ponferrada. «La lasitud de la señora alcaldesa de Ponferrada a la hora de ejecutar la sentencia que anuló ese contrato, retrasando durante casi dos años el cumplimiento de la sentencia, supone que la empresa FCC (y por ello, siguiendo las declaraciones del señor Ángel Luis, los empresarios imputados en la operación Enredadera) continúan percibiendo la cantidad de 5,8 millones de euros anuales y el importe (que no se ha hecho público todavía) del acuerdo que permitió que se alzase la huelga de los trabajadores de dicha empresa, que también sufraga nuestro Ayuntamiento».

A juicio de Morán, «queda claro en las declaraciones actuales de los responsables del PP que la sumisión y el respeto hacia el empresario investigado que se desprende de las conversaciones intervenidas, las han perdido ahora que está encarcelado». Cree que «lo más repugnante, lo más inadmisible es que se intente hace pasar como normal lo que es del todo inadmisible. Es un insulto a la gente en general, a su inteligencia. No les creemos nosotros ni les cree nadie. Ni siquiera el que esas actuaciones se lleven a cabo en el Partido Popular desde hace mucho tiempo les otorga normalidad». «No es normal, es completamente irregular y deleznable», concluye.

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