Ayuntamiento de Ponferrada. / Carmen RAmos

El Procurador del Común solicita a Ponferrada una nueva inspección para aclarar las «presuntas irregularidades» en una obra privada de la urbanización Aldama

La construcción ya se paralizó en 2006 por no ajustarse a la normativa urbanística de la zona

ICAL Ponferrada

Una resolución del Procurador del Común solicita al Ayuntamiento de Ponferrada que lleve a cabo una nueva visita de inspección a una obra en construcción de una vivienda particular en la calle Antonio Pereira de la urbanización Aldama. El requerimiento pretende que un «técnico competente» determine la existencia de «presuntas irregularidades» en la ejecución de la obra, que ya tuvo que paralizarse en febrero de 2006 por no ajustarse a la normativa de la zona ni en cuanto a superficie construida ni en la altura del inmueble.

Tras producirse un cambio de propietario y la correspondiente transmisión de la licencia de construcción, las obras se retomaron el año pasado, lo que motivó que un vecino de la urbanización presentara una denuncia ante el Ayuntamiento por los supuestos daños y perjuicios causados en el inmueble colindante y solicitara la paralización de los trabajos.

Según el denunciante, la obra excede el número de plantas autorizadas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ponferrada y cuenta con un semisótano perimetral que se encuentra por encima de la cota de nivelación, un extremo no amparado por la licencia de obra concedida años atrás.

De acuerdo con la resolución del Procurador del Común, esta denuncia motivó la apertura por parte del Consistorio de la capital berciana de un expediente sancionador por infracciones urbanísticas, que terminó archivándose en base a dos informes emitidos por la Policía Municipal tras sendas inspecciones a la zona en construcción.

Al respecto, la institución que dirige Tomás Quintana reclama que sean los Servicios Técnicos Municipales los encargados de llevar a cabo una nueva inspección que acredite que las obras se sujetan a las prescripciones de la licencia concedida en su día y a las normas de planeamiento urbanístico vigentes en el municipio. «Recordamos a la Administración local que la normativa urbanística prevé que el personal encargado de la inspección urbanística está autorizado para la entrada en fincas, construcciones e instalaciones», señala la resolución.

Además, el Procurador del Común sugiere al Ayuntamiento que, en actuaciones sucesivas, adopte las medidas cautelares oportunas y disponga con carácter inmediato la paralización de las obras que no se encuentren amparadas por la licencia correspondiente, con el fin de hacer menos gravosa una eventual demolición posterior.