Ponferrada adjudica a la empresa Urbaser el 'macrocontrato' del servicio de limpieza

Recogida de basuras en Ponferrada. /César Sánchez
Recogida de basuras en Ponferrada. / César Sánchez

La decisión salió adelante únicamente con el apoyo del equipo de gobierno del PP que teme nuevos recursos judiciales de FCC

CARMEN RAMOS Ponferrada

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó hoy con los votos a favor del equipo de gobierno del PP la propuesta para readjudicar a Urbaser el 'macrocontrato' del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines. Una decisión que contó con el voto en contra de PRB y PeC y la abstención de PSOE, USE, CS y CB y que viene a dar cumplimiento a la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló la adjudicación a FCC realizada durante el mandato del bipartito de Folgueral.

Desde el PP consideran que el pleno «no va a tener la última palabra» en este asunto, según manifestó la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que vaticinó nuevos recursos judiciales por parte de FCC. Durante su intervención al final del pleno, instantes previos a la votación, la primera edil recordó que el objetivo principal del equipo de gobierno es dar solución a «un problema heredado» debido a un «contrato malo» firmado durante la etapa de USE al frente del Ayuntamiento y que se ha traducido en un servicio «que no ha funcionado» y que ha tenido consecuencias «para la ciudad y para los trabajadores».

Merayo aseguró que el objetivo del equipo de gobierno era renunciar el contrato por motivos de interés público pero justificó que «lamentablemente no hemos podido porque el procedimiento dice que hay que tener los informes favorables de los técnicos». Así mismo, rechazó las críticas de falta de celeridad lanzadas por la oposición para solucionar este problema dando cumplimiento a la sentencia del TSJCyL. «No hemos estado inactivos, no se puede confundir a la ciudadanía»,‌ indicó la regidora municipal, que no dudó en realizar un somero y exhaustivo repaso de todos los pasos dados por el Ayuntamiento en los dos años en los que el Ayuntamiento lleva inverso en este proceso. «Han sido un año y ocho meses de trabajo con más de 25 actuaciones realizadas en los que hemos intentado asesoranos y cumplir todos los mandatos de la sentencia», explicó. «Pueden decirnos que hemos consultado demasiado pero lo hemos preferido para que no nos anularán el contrato», subrayó.

Por su parte, los grupos de la oposición insistieron en arremeter contra la actuación del PP al dilatar en el tiempo la ejecución de la decisión del Alto Tribunal. «La sentencia judicial dice que no vale el contrato y el equipo de gobierno en vez de solucionarlo de manera correcta ha dejado pasar el tiempo sin darle solución», indicó el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, que lamentó que los 'populares' «intenten solucionar deprisa y corriendo algo que no tiene solución». En este sentido, defendió el interés de su grupo porque el pleno se pronunciara sobre la posibilidad de ir una gestión directa del servicio o hacer una nueva licitación.

Voto particular del PRB

Buena parte de la sesión la centró el debate del voto particular presentado por el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, para que el concurso se declarase desierto al considerar que es un «contrato viciado» en base a los «veinte grandes fallos» existentes en la oferta presentada por Urbaser relativos a problemas en el plan de recogida de residuos, falta de contenedores, recorridos inviables y reducción de frecuencias del servicio así como la planificación y distribución de equipos «que generan incertidumbre en la ejecución». A ello unió el hecho de que la propuesta de Urbaser incluyó en el sobre 2 de la oferta las mejoras económicas que deberían aportarse en el sobre 3 lo que, a juicio de Carballo, «es motivo de exclusión del concurso». Para el bercianista, todas ellas «son deficiencias suficientes para que no se adjudique a Urbaser el contrato de basuras». Un contrato para el que defendió la municipalización del servicio que se traduciría en el 30% de ahorro para el Ayuntamiento. «Sería muy rentable para las arcas municipales y para la creación de empleo», destacó.

El portavoz del PRB, Tarsicio Carballo (D), durante la votación en el pleno.
El portavoz del PRB, Tarsicio Carballo (D), durante la votación en el pleno. / Carmen Ramos

La propuesta provocó el rechazo de los grupos de la oposición e incluso desde Coalición por El Bierzo y Ciudadanos anunciaron su impugnación por la falta de claridad del voto particular del PRB dado que «en comisión se debate desistir o renunciar al contrato y hoy dice dejar sobre la mesa», señaló el portavoz de CB, Pedro Muñoz, que incluso valoró la posibilidad de abandonar la sesión junto a su compañero de filas Iván Alonso en el momento de la votación de este punto «porque no vamos a ser cómplices de este caos», resaltó.

Desde el PSOE entendían que «no se dan las garantías» para poder pronunciarse sobre el voto particular presentado por el PRB y defendieron que aunque la propuesta de la Mesa de Contratación «no es vinculante para el pleno» la decisión debe adoptarse «de manera muy justificada», aseveró su portavoz, Olegario Ramón, que lamentó que el PP haya dejado pasar el tiempo y que «se haya desatendido de manera muy imprudente unos requerimientos judiciales que han sido contundentes» para dar solución a la situación de bloqueo del 'macrocontrato' de basuras y en el que existen «evidentes contradicciones» entre los informes de los técnicos municipales y el informe externo encargado por el Ayuntamiento.

El portavoz del PP, Ricardo Miranda, reconoció que el voto particular presentado por el concejal del PRB no estaba justificado «porque plantea cuestiones que se solucionaron ya en 2014». También puso de manifiesto la imposibildiad de renunciar al contrato por motivos de interés público sin el aval de los técnicos y defendió la adjudicación a la otra empresa licitante. «Si los técnicos no justifican que el cambio no tiene ningún problema no se puede renunciar al contrato entonces no nos queda otra solución que adjudicárselo a Urbaser», indicó.

Por otro lado, el pleno dio luz verde al expediente de modificación del presupuesto prorrogado de 2018 del Instituto para la Formación y el Empleo (Imfe) por importe de 16.707 euros que permitirá hacer frente a los gastos de los cursos de garantía juvenil.

Contenido Patrocinado

Fotos