El juzgado declara la extinción de la Fundación de Deportes y 'libera' 3 millones para obras de remanentes en el presupuesto de 2020

La Fundación de Deportes de Ponferrada ya es historia. El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León ha dictado un auto que declara la resolución definitiva de extinción de la sociedad creada en el 18 de mayo de 2009 para hacerse cargo de la solicitud de ayudas y subvenciones para el Mundial de Ciclismo 2014, según anunciaron este lunes los concejales de Deportes, Iván Castrillo, y de Hacienda, Mabel Fernández.

«Es una excelente noticia para los ponferradinos», reconoció Fernández, que explicó que el auto judicial resuelve el concurso voluntario de acreedores instado por los actuales gestores de la sociedad declarando su extinción. Una decisión que el juzgado justifica en la «insuficiencia de masa», según recoge el texto del auto, así como en la «inexistencia de activo alguno» en el patrimonio de la Fundación.

Esta resolución pone el punto y final a un proceso judicial en el que el Ayuntamiento ha defendido en todo momento que estaba exento de hacer frente a la deuda de 3 millones de euros que le reclamaba el Banco Santander por la gestión del evento deportivo.

Así las cosas, la edil de Hacienda anunció que las arcas municipales recuperarán esos 3 millones que permanecían reservados en la 'hucha' del Ayuntamiento, en el caso de tener que cubrir posibles responsabilidades como la deuda millonaria reclamada por la entidad financiera, y los destinará a los remanentes del presupuesto de 2020 con el fin de ejecutar obras financieramente sostenibles.

Fernández recordó durante su comparencia de este lunes la historia de la Fundación, que fue constituida mediante escritura pública el 18 de mayo de 2009, momento en el que se hizo constar que el Ayuntamiento de Ponferrada era patrono de la Fundación, tratándose de una entidad privada sin ánimo de lucro.

Tras un largo proceso previo -relató- un contrato con la Unión Ciclista Internacional, UCI, del que «la Intervención municipal no tenía ni conocimiento», señaló la edil, se llegó al pleno de 8 de octubre de 2012, en el que se decidió designar a la Fundación de Deportes de Ponferrada como gestor del Mundial de Ciclismo a celebrar en 2014, con la consiguiente asignación de fondos públicos, decisión que fue considerada por el Consejo Consultivo como una «huida del derecho administrativo y de los controles de gastos y eficiencia en la asignación de fondos públicos».

El propio Consejo Consultivo aseguró que la idea de encargar la gestión a una Fundación suponía «un mecanismo para evitar los criterios de garantía, la libre concurrencia, publicidad, igualdad y mérito a todo tipo de contratos y procedimientos que se iban a llevar a cabo en la Fundación, la cual, con independencia de que estuviera registrada como Fundación privada, se financió casi íntegramente con dinero público, y se encargó de la gestión del Mundial de Ciclismo».

A partir de ahí, entre otras operaciones, la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 24 de septiembre de 2014, acordó incluir en la cláusula cuarta antes citada las obligaciones derivadas del préstamo concedido por el Banco Santander a la Fundación de Deportes Ponferrada. Mabel Fernández recordó que «los refrendos a esta cláusula fueron revisados de oficio por el Ayuntamiento. Eso significa que eran nulos de pleno derecho», motivando un recurso por parte de concejales de la formación USE Bierzo, pero los tribunales no les dieron la razón.

La Fundación de Deportes interpuso un recurso para intentar hacer frente a las deudas, exigiendo judicialmente al Ayuntamiento el pago de los 3 millones de euros de deuda contraida. En sentencia comunicada el 10 de octubre de 2.019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de León rechazó el recurso, justificándolo como inadmisible, alegando que «la responsabilidad de la gestión del evento deportivo era exclusiva de la Fundación», tal como se le encomendó en Pleno municipal en su momento, y que el Ayuntamiento «no figura como garante ni es parte implicada en estos contratos».

Esta decisión confirmó las resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial de León y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León, que eximieron al Ayuntamiento de abonar la deuda reclamada por el Banco Santander de 3,1 millones de euros.

Una vez renovados los cargos en la Fundación, con la designación de Iván Castrillo como presidente, Mabel Fernández como vicepresidenta y Roberto Mendo como vocal (que no pudo estar presente en la rueda de prensa por motivos laborales), el pasado 3 de diciembre se formuló solicitud de declaración de concurso voluntario de la Fundación, aportando la documentación en la que se demuestra la insolvencia de la deudora y se justifica el endeudamiento y la insolvencia inminente. Según Mabel Fernández, «instamos al concurso para no incurrir en responsabilidad».