Los agentes ambientales reclaman un refuerzo de los efectivos para «desterrar las anacrónicas patrullas unipersonales»

Concentración ante la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, en repulsa por el intento de agresión sufrido por un agente medioambiental de la comarca de Boñar./César Sánchez
Concentración ante la sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada, en repulsa por el intento de agresión sufrido por un agente medioambiental de la comarca de Boñar. / César Sánchez

León y Ponferrada acogen concentraciones de repulsa contra la agresión sufrida por un agente el pasado 7 de octubre en Rucayo

D. ÁLVAREZ Ponferrada

Los agentes medioambientales de la Junta reclamaron hoy un incremento en el número de efectivos, que tendría que aumentar hasta 900 en toda la Comunidad, que permita «desterrar las anacrónicas patrullas unipersonales», tras la agresión sufrida el pasada 7 de octubre por un agente que prestaba servicio en la pedanía leonesa de Rucayo y que fue atacado con un hacha. Sendas concentraciones ante las delegaciones territoriales del Gobierno autonómico en Ponferrada y León sirvieron para mostrar la «repulsa» del colectivo ante esta agresión y pidieron una «revisión íntegra» del protocolo de violencia externa que opera en Castilla y León.

En ese sentido, el portavoz de los agentes en Ponferrada, Julián García, exigió que se elabore un protocolo real de actuación, en el que participen los representantes de los profesionales, y que termine plasmando en un documento los recursos mínimos y las pautas de acción de éstos ante una situación de riesgo. Al respecto, los agentes pidieron a la Administración que lleve a cabo un análisis de las situaciones riesgo a las que deban enfrentarse los agentes y que ponga en marcha una política de «tolerancia cero ante casos de violencia».

En esa línea, García recalcó que «este intento tiene que ser el último» y recordó a los dos agentes rurales asesinados en Cataluña por un cazador en febrero de 2016 mientras realizaban un servicio ordinario. «El pasado 7 de octubre nos intentaron agredir a todos los empleados públicos», destacó García, que reclamó una adecuación del reglamento de armas que permita dotar a los agentes de sistemas de seguridad pasiva, como chalecos y cámaras personales, así como de seguridad activa, como sprays de pimienta o armas reglamentarias.

Además, los agentes exigen que se les ofrezcan «garantías jurídicas claras y contundentes» así como asistencia letrada en caso de amenazas o agresiones. También reclaman formación en materia de prevención de riesgos y uso de la fuerza, así como una dotación de medios «digna» en cuanto a uniformes y vehículos. Al respecto, solicitaron que las sirenas de estos vehículos se equipen con luces prioritarias azules, «como el resto de policías».

En la misma línea, criticaron el sistema analógico de emisora simple que opera en Castilla y León y reclamaron que se pongan en funcionamiento «tecnologías del siglo XXI» en lo relativo a las comunicaciones y a la geolocalización de los efectivos. Por último, lamentaron no disponer del necesario «apoyo institucional» por parte de las autoridades.

Incremento de la plantilla

La principal reivindicación de los agentes pasa por un incremento de la plantilla prevista en la Relación de Puestos de Trabaj0 (RPT) de la Junta, hasta los 900 efectivos en la Comunidad, lo que permitiría, explicaron fuentes sindicales, poner en marcha los «imprescindibles» servicios en pareja.

En la provincia de León, el número actual de agentes medioambientales es de 135, mientras que los sindicatos consideran que son necesario 170.

En el caso de la comarca del Bierzo, el servicio está integrado por 35 agentes, cinco celadores y dos peones especialistas. «Necesitaríamos ser unos 50», aseguró el representante del sindicato CCOO en el colectivo de agentes bercianos, Ricardo Fernández.

El intento de agresión

Las concentraciones de hoy en León y Ponferrada pretendían mostrar la repulsa del colectivo ante el último intento de agresión sufrido por parte de uno de sus integrantes. El suceso ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando un agente medioambiental prestaba servicio en Rucayo y se encontró con un ganadero local que circulaba por una zona restringida al tránsito de vehículos a motor. Tras hablar con él e informarle de que no podía circular por ese lugar, el ganadero se exaltó e increpó al agente, echándole en cara al funcionario otros asuntos relacionados con el medio ambiente.

Posteriormente, y después de no lograr conseguir calmar el ganadero, el agente medioambiental se dirigió a su vehículo con la intención de abandonar la zona, momento en que el agresor cogió un hacha del maletero e intentó golpear al agente por la ventanilla, aunque el impacto finalmente recayó en la carrocería del automóvil.

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