Victorino Alonso no entrará en prisión ni pagará 25,5 millones por destruir un yacimiento de la Cueva de Chaves

Victorino Alonso, durante el juicio en el Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca. /
Victorino Alonso, durante el juicio en el Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca.

La Audiencia Provincial de León ratifica el auto del Juzgaod de lo Penal que destaca su insolvencia económica para hacer frente a la indemnización así como la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que su condena no supera los dos años de cárcel

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Victorino Alonso, el 'rey del carbón', no entrará en prisión por la presunta destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves en Huesca para construir un abrevadero de cabras en su coto de caza.

La Audiencia Provincial de Huesca ha confirmado el auto emitido por el Juzgado de lo Penal nº1 por el que se acordaba dejar en suspensión la ejecución de la sentencia que condenó al empresario minero leonés a dos años de prisión y al pago de 25,5 millones de euros por un delito contra el patrimonio histórico, según recoge el Heraldo.

De esta forma, el tribunal que le impone la condición de no delinquir en tres años, desestima el recurso presentado por la Fiscalía y la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pedían la entrada en prisión, dada la gravedad del delito y el «irreparable» daño causado.

La decisión del juzgado del Penal nº1 estaba sopesaba la actual situación personal de Alonso, entre otras cuestiones su insolvencia económica para hacer frente a la indemnización, así como otras circunstancias como la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que su condena no supera los dos años de cárcel.

Victorino Alonso volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por los graves daños provocados en los parajes conocidos como 'La Mora' y 'Nueva Julia', dentro del término municipal de Cabrillanes desde 2007 hasta finales del 2010

El auto judicial incide de forma especial en el pago de la indemnización establecida y destaca que el propio Código Penal admite la posibilidad de aplicar la suspensión de la condena en los casos en los que se haya declarado la imposibilidad total o parcial de que el acusado pueda hacer frente al abono de la cuantía establecida.

«En este caso -destaca el escrito- la responsabilidad civil asciende a 25,5 millones de euros lo que, por sí solo, ya da una idea de la dificultad de hacer frente a tan elevada cuantía». Señala, además, que Victorino Alonso no sólo fue declarado insolvente el pasado mes de septiembre, una vez rechazado todos sus recursos, incluso el antepuesto en el Tribunal Constitucional, sino que está realizando en la actualidad pagos mensuales al tener embargada su pensión de jubilación.