El tripartito de Cacabelos defiende la legalidad del nombramiento de la interventora interina

El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez. /César Sánchez
El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez. / César Sánchez

El caso llegará el lunes a la Audiencia Provincial de León con la declaración del alcalde, Sergio Álvarez

ELBIERZONOTICIAS Cacabelos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cacabelos defendió hoy la legalidad del nombramiento de la funcionaria que ejerce de interventora interina desde que el titular de la plaza se acogiera a una baja laboral en agosto de 2015 tras protagonizar un intento de agresión al alcalde, Sergio Álvarez. Después de que tanto el exalcalde de la villa, Adolfo Canedo, como el grupo municipal del PP alertaran de las «consecuencias terroríficas» que tendrá en la economía del Ayuntamiento la negativa de sus responsables a reincorporar al funcionario titular, el equipo de Gobierno recalcó hoy que «la situación de la interventora interina es completamente legal y todo su trabajo lo realiza según la legalidad vigente».

En ese sentido, los responsables del Consistorio subrayaron que «no hay, por parte de ningún juzgado, ni por parte de la Junta ninguna suspensión cautelar, ni anulación, ni revocación de la interventora interina del Ayuntamiento». Al respecto, recordaron que su contratación se produjo mediante un procedimiento «absolutamente legal» en el que participaron tanto la Junta como el Consejo Comarcal del Bierzo y que su nombramiento por la Consejería de la Presidencia tuvo lugar el 9 de octubre de 2015. «Este nombramiento no ha sido suspendido, anulado o revocado por mucho que digan algunos», remarcaron.

Igualmente, consideraron que las advertencias de Canedo y del PP sobre la anulación de presupuestos y nóminas debido a esta situación son consecuencia de la mala información que manejan y reclamaron «una oposición responsable» que se aleje de «la mentira o las medias verdades para meter miedo y manipular».

El pasado 10 de octubre, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por los responsables del Consistorio de la villa del Cúa respecto a la orden de la Junta que obligaba a readmitir al interventor titular, una resolución que el equipo de Gobierno municipal consideró que «no se puede cumplir». Por las ramificaciones de este caso, el alcalde, Sergio Álvarez, tendrá que declarar el próximo lunes en la Audiencia Provincial de León y enfrentarse a una petición fiscal de 13 años de inhabilitación.

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