El Supremo confirma la anulación de la adjudicación de la residencia municipal de mayores de Cacabelos

Ayuntamiento de Cacabelos./
Ayuntamiento de Cacabelos.

El Alto Tribunal también confirma la anulación del acuerdo por el que el actual equipo de Gobierno modificó sus retribuciones

ELBIERZONOTICIASCacabelos

El Tribunal Supremo rechazó la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Cacabelos después de que sendas sentencias de los Juzgados de León y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulasen los acuerdos plenarios que dieron pie a la adjudicación del contrato para la gestión y explotación de la residencia municipal de la tercera edad 'El Camino'. La sentencia también confirma la anulación del acuerdo plenario de julio de 2016 por el que el actual equipo de Gobierno modificó el régimen de dedicaciones exclusivas y parciales de algunos concejales.

El proceso se remonta a la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de León, confirmada por el TSJ, que anulaba varios acuerdos plenarios aprobados en las sesiones de junio y julio de 2016. Entre ellos, el más importante tenía que ver con el pliego de condiciones que permitiría la gestión, en régimen de cesión, de esa residencia. También quedó anulada la aprobación de la ordenanza reguladora de la publicidad exterior mediante carteles o vallas publicitarias, así como una modificación de crédito por valor de 8.500 euros.

Según el exalcalde y exportavoz del PP en el municipio, Adolfo Canedo, que en la actualidad ejerce como concejal no adscrito en el Ayuntamiento, la no admisión a trámite del recurso de casación pone freno al «rodillo totalitario» del actual gobierno tripartito, formado por PSOE, IU y Alternativa Ciudadana de Cacabelos (ACC), y a su «obsesión obstruccionista, revanchista y de odio con la oposición».

Canedo manifestó su «indignación y hartazgo» por el hecho de que el Ayuntamiento tenga que asumir las costas judiciales del proceso, más de 12.000 euros. «El tripartito comete las ilegalidades y el pato lo pagamos todos los vecinos», lamentó el exregidor, que defendió que la «cruzada judicial frustrada» del actual equipo de Gobierno contra él no ha conseguido ni una sola condena en firme.

 

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