El PSOE de Priaranza del Bierzo denuncia al ex alcalde y al secretario interventor por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental

El PSOE de Priaranza del Bierzo cursó ayer jueves una denuncia ante la Fiscalía de Ponferrada por varios presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental que los socialistas atribuyen al exalcalde José Manuel Blanco (PP), regidor del municipio entre los años 2003 y 2019 y actual concejal en la bancada de la oposición, y al secretario municipal Javier Fernández, que ocupa su cargo desde el año 1991. Con estas nuevas acciones legales, los socialistas pretenden que se investiguen las «graves irregularidades» presuntamente cometidas, entre las que destacaron las «graves negligencias en la tramitación de subvenciones con fuerte menoscabo a los fondos públicos».

En ese sentido, el PSOE recalcó que entre los años 2015 y 2019 el Ayuntamiento tuvo que reintegrar una serie de subvenciones procedentes de la Diputación de León y de la Junta por un importe estimado superior a los 92.000 euros, más intereses de demora. «Estas infracciones las llevan cometiendo desde hace al menos 12 años, puesto que hemos encontrado en el archivo municipal reintegros de subvenciones desde el año 2008, por lo que el daño a las arcas municipales aún puede ser mucho mayor», explicó el actual alcalde, el socialista José Reguera, que exigió la inhabilitación tanto de Blanco como del secretario municipal respecto a sus actuales cargos en el Ayuntamiento.

Además, el PSOE acusó a los dos investigados de cometer «supuestas falsedades documentales para obtener fraudulentamente subvenciones». Según el relato de los socialistas, el exalcalde y el secretario se valían de «nóminas falsificadas de trabajadores y de facturas simuladas» en una operación en la que «incluso han intentado engañar a la administración haciéndoles creer que una obra estaba completamente acabada y pagada cuando ni siquiera se había empezado».

En esa línea, los socialistas reclamaron que la investigación esclarezca los hechos y que se tomen «las medidas legales oportunas para que los culpables asuman las posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de sus actos». «La prioridad es restablecer el orden y la legalidad en este Ayuntamiento, los ciudadanos de Priaranza no se merecen todo el daño que les han hecho estas personas», aseguró Reguera.