Polémica en Fabero por la propuesta de parque fotovoltaico en terrenos de la Gran Corta

Se trata de una iniciativa de la promotora Geninvest, que defiende que no es un «macroparque» y critica que ahora que los denunciantes quieran «apuntarse a un carro que no les corresponde, que no es otro que el de las movilizaciones existentes en otras zonas de la provincia, contra proyectos de 200 y 300 megavatios de potencia (25 veces más extensos que el de Fabero)».

A su vez, señalaron que los terrenos en los que se pretende ubicar esta planta fotovoltaica son de su propiedad, inscritos además recientemente en el Registro de la Propiedad, con «el dominio del cien por cien de la finca» y que en su día fueron adquiridos por un precio «muy por encima de su valor de mercado mediante acuerdos de compraventa con más de 500 vendedores», por lo que la vía de la expropiación no se utilizó ni en el 1 por ciento de los casos.

En cuanto a una cláusula de reversión, la promotora señala que solo existe en alguno de los contratos de compraventa, pero que en todo caso, los que no tenían esa opción de reversión aglutinan más de 40 hectáreas, mientras que la superficie que ocuparía este parque es de poco más de 26. Aún así, los terrenos adquridos por Geninvest suman 115,79 hectáreas, «por lo que dispone de superficie más que sobrada para que los vecinos que deseen ejercer su derecho de reversión, puedan hacerlo sin que ello afecte al parque solar«, sin que en la actualidad ninguno de esos 500 antiguos propietarios lo haya hecho.

Además, la promotora de esta instalación inciden en que las juntas vecinales «carecen de representación alguna sobre los propietarios anteriores de las fincas» y que sus presidentes «solo pueden arrogarse la representación sobre los terrenos comunales, ninguno de los cuales se ve afectado por el proyecto». Un proyecto que creará, según la empresa, 30 empleos temporales durante la fase de construcción -entre directos e indirectos- y 4 durante la de funcionamiento.

Ante esto, la Asociación Comunidad Energética de Lillo del Bierzo ha acusado a Geninvest y a Distribuidora Eléctrica del Sil de mentir cuando afirmaron que los terrenos comprados en los años 90 fueron pagados «muy por encima de su valor de mercado» y que determinados terrenos son suyos «sin haber acordado ni delimitado con los pueblos cuáles corresponden a los vecinos y juntas vecinales».

En ese sentido, explican que cuando finalizó la explotación de los terrenos «expropiados y comprados bajo amenaza de expropiación», no se devolvieron a sus respectivos propietarios que, según la asociación, son los vecinos de Lillo del Bierzo y de Otero de Naraguantes, ni tampoco se restauraron. Por ello, denuncian que «lejos de cumplir con los acuerdos establecidos, testaferros de Victorino Alonso quieren adueñarse de los terrenos para montar un macroproyecto de placas solares, subvencionado públicamente».

También los acusan de mentir cuando afirmaron que los terrenos se adquirieron de forma legal, sin entender que las administraciones públicas les hayan permitido inscribir los terrenos en el Registro de la Propiedad «sin haber cumplido previamente los acuerdos y contratos con los pueblos, vulnerando así sus derechos y su patrimonio». «Esto es un robo organizado y planificado de la propiedad de los vecinos y vecinas y los pueblos, con alevosía y nocturnidad, porque nadie de los pueblos se enteró de esto hasta que no ha salido ahora en prensa», añaden

En relación a la cláusula de reversión, el colectivo cree que Geninvest y Distribuidora Eléctrica del Sil «convierten a las víctimas en culpables», asegurando que «perder los terrenos es responsabilidad de los vecinos por no haber reclamado la devolución. Mienten de nuevo». Así, aseguran que los vecinos se han visto obligados a acudir a las administraciones públicas- Defensor del Pueblo, Junta de Castilla y León, entre otros- para poder reclamar, ya que no sabían a quién enviar los escritos.

Además, la asociación recuerda que lo que se ha pedido es la devolución de los terrenos restaurados, como se está haciendo ahora con dinero público -37 millones de euros en concreto-. «Ahora estas empresas oportunistas se las quieren apropiar para hacer macroparques fotovoltaicos para encima recibir más subvenciones públicas», añaden.

Por ello, los afectados han formulado las alegaciones «planteando que pasan por fincas y terrenos propiedad de los vecinos y vecinas correspondientes y de las Juntas Vecinales de ambos pueblos, exigiendo que se paralicen dichas infraestructuras hasta que se cumpla lo establecido en los acuerdos y contratos previos. Por lo que ante todo esos terrenos deben revertir a sus anteriores propietarios (particulares y Juntas Vecinales) y estos, en todo caso, dar o no el consentimiento o la autorización para realizar dichas instalaciones».