La plantilla de la embotelladora de Folgoso se concentra este viernes para pedir a la Junta que se haga cargo de la empresa

Imagen de la planta embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera. /
Imagen de la planta embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera.

La Audiencia Nacional mantiene bloqueadas las cuentas de la compañía porque su propietario está implicado en el escándalo de las clínicas iDental

ICALPonferrada

Los empleados de la embotelladora de agua del municipio berciano de Folgoso de la Ribera, que fueron despedidos el pasado mes de noviembre tras el cierre por sorpresa de la planta, propiedad de uno de los implicados en el escándalo de las clínicas iDental, se concentrarán este viernes por la tarde ante las instalaciones de la empresa para pedir a las administraciones que se hagan cargo de la planta y no permitan su cierre definitivo.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional mantiene bloqueadas desde diciembre las cuentas de la empresa y decretó la entrada en prisión provisional sin fianza del administrador único del fondo de inversión propietario de la embotelladora, Jaime Carlos Bagur, investigado dentro de la operación Apolonia. Desde entonces, tanto el pago de nóminas como los distintos pagos a proveedores, se ha hecho imposible, lo que ha obligado a cerrar la empresa y despedir a sus 16 empleados, que acumulan, además, el impago de sus salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

La concentración de este viernes, convocada por el comité de empresa, cuenta con el apoyo del PCE del Bierzo, cuya secretaria comarcal, Isabel Maroto, calificó el cierre de «ataque contra la economía del Bierzo». «La plantilla no tiene la culpa de que el empresario haya sido condenado por estafa», aseguró Maroto.

En esa línea, la formación comunista defendió que la Junta debería entrar como participante de la empresa para evitar los despidos e instó a la administración autonómica a «aprovechar esta ocasión para ensayar un polo industrial de carácter público que lidere la reindustrialización del Bierzo», una iniciativa en la que también deberían jugar un «papel fundamental» tanto los ayuntamientos como la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Gobierno.