Canal Bajo del Bierzo. / César Sánchez

La Junta declara la utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo en la que se invertirán 3,8 millones

Afecta a una superficie de 2.389 hectáreas y a 4.860 propietarios

ELBIERZONOTICIAS Ponferrada

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha propuesto al Consejo de Gobierno celebrado hoy la declaración de utilidad pública y ejecución urgente de la concentración parcelaria de la zona regable del Canal Bajo del Bierzo (León).

El objetivo de este acuerdo es dotar al proceso de concentración parcelaria de las herramientas jurídicas que permitan actuar a la Administración en la ordenación de la propiedad y en las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad y la productividad de las explotaciones agrarias, gracias a un dimensionamiento adecuado, haciéndolas más rentables.

Además, gracias al proceso se reducirán los desplazamientos entre fincas y el tiempo de ejecución de labores al resultar fincas de mayor tamaño y de formas regulares, lo que supondrá un ahorro de tiempo y combustible, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 y el aumento de la vida útil de la maquinaria de las explotaciones afectadas.

El presupuesto de licitación previsto para la ejecución de infraestructuras en esta zona es de 3.823.168 euros y permitirá a los 4.860 propietarios contar con fincas de mayor superficie de las que disponen ahora. La superficie a concentrar en esta zona es de 2.389 hectáreas que se reparten en 5.700 parcelas.

Las obras se centrarán en el desarrollo de 191 kilómetros de caminos, la construcción de 19,5 kilómetros de desagües de nuevo trazado y labores de limpieza y, en algunos casos, ampliación de los existentes.

Para el correcto uso y conservación de la red de infraestructuras diseñada también se incluye en el proyecto la instalación de pasos, caños y salvacunetas, señalan desde la Junta. Además, se desarrollará y ejecutará un Proyecto de Restauración de Medio Natural como herramienta del proceso para facilitar la implementación de buena parte de las medidas correctoras establecidas en la Declaración de Impacto ambiental.