Vista oral en la Audiencia Provincial de León sobre ordenación del territorio. / r.f.

El exalcalde de Palacios del Sil asume una pena de 17 meses de prisión por prevaricación y evita la cárcel

La Audiencia Provincial de León juzga por un delito continuado contra la ordenación del territorio en 34 refugios de cabañas en las brañas del municipio a los tres acusados que siguen vivos, entre ellos el actual regidor Roberto Fernández

Rubén Fariñas
RUBÉN FARIÑAS León

La Audiencia Provincial de León juzga este 9 y 10 de noviembre a los tres acusados -eran cinco en un principio, pero dos de ellos fallecieron- por un delito continuado contra la ordenación del territorio en el municipio berciano de Palacios del Sil.

La sala ha reunido al exalcalde Fernando Fernández, al actual regidor Roberto Fernández y al concejal Alipio González para abordar una causa por un posible delito de prevaricación en la que también se encontraban como procesados los fallecidos Orlando López y Raúl Fernández, alcalde y concejal de Obras en la anterior década.

Los hechos, desde 2001

Los hechos se desarrollaron desde el año 2001 y tuvieron continuidad en el tiempo en al menos, según el escrito de la fiscalía, otras cien actuaciones que recibieron informes contrarios de los técnicos municipales y el pleno autorizó.

La denuncia parte de las concesiones de licencias de obras de reforma para la reconversión en residencias privadas de 34 refugios de cabañas ganaderas en las brañas de Palacios del Sil.

Conformidad

La sesión de este martes ha contado con la conformidad de uno de los acusados, el exalcalde Fernando Fernández, que asume una rebaja de la pena inicial solicitada por el ministerio fiscal -tres años y medio de cárcel e inhabilitación de cargo público por diez años- a una petición de 17 meses de prisión e inhabilitación de cuatro años y cuatro meses para ejercer dicha función.

El encausado asumía dicha solicitud de condena y rechazaba declarar en sede judicial, además de solicitar abandonar la sala antes de que continuara desarrollándose la sesión.

Los otros dos acusados

Posteriormente, fue el turno para los otros dos acusados: Alipio González y Roberto Fernández, para quienes se solicitan tres años de prisión e inhabilitación de diez años, además de multas de entre 7.300 y 6.300 euros a cada uno.

El primero en tomar la palabra fue Alipio, concejal del municipio, quien solo contestó a su abogado y al letrado del otro acusado. Este recordó que en los años en cuestión «el concejal de Obras era Raúl Fernández -fallecido-» y que a los dos años de llegar al equipo de gobierno el alcalde por entonces -el otro acusado, Fernando Fernández- le revocó de sus cargos en Hacienda, Personal y Tesorería y posteriormente retirarle de todas sus funciones. «El alcalde siempre decía que el alcalde era él y haacía lo que le daba la gana. Yo entré para ayudar a mi pueblo, no para otras cuestiones».

No querían disputas en el pueblo

En su declaración quiso dejar claro que su voto «no influía» porque contaban con la mayoría suficiente para sacar adelante dichas licencias. Y justificó la aprobación de las mismas en «no querer disputas». «Si el técnico decía que estaba bien, pues para adelante», afirmó. «Yo quería legalizar todo para que el pueblo quedara tranquilo».

Además, recordó que la obra hoy en día se encuentra «ajustada a la legalidad, se derribó y se volvió a hacer», algo que también confirmó uno de los testigos, propietario de la cabaña reformada que recibió la denuncia y cuñado del acusado. «En 2021 se hizo efectiva la restitución a la legalidad de la cabaña», aseguró.

Culpan al alcalde y al concejal de Obras

Por su parte, el otro de los imputados, Roberto Fernández, actual alcalde de Palacios, insistió en los mismos argumentos que el concejal. «Los puntos del pleno los marcaba el alcalde y las obras el concejal». Él entró en el ayuntamiento en 2011 y se hizo con Medio Ambiente y Juntas Vecinales.

En 2017 llegó a la Alcaldía y reactivó uno de los expedientes «porque era amigo íntimo mío» y en 2020 se determina la demolición de la vivienda, lo que «deja cerrado el asunto al estar ya legal». Otro de los expedientes denunciados se fue retrasando porque «el técnico no fue capaz en dos años de sacarlo» y les dijeron que «no había plazo para restituir la legalidad».

La sesión ha contado con diferentes pruebas testificales, así como la inclusión de nuevas documentales, y quedará vista para sentencia este miércoles.