Los empleados de la planta embotelladora de Folgoso de la Ribera exigen que un administrador sustituto dé viabilidad a la empresa

Concentración de los trabajadores de la embotelladora de agua de La Ribera de Folgoso, contra el despido de los 16 empleados de la planta. /César Sánchez
Concentración de los trabajadores de la embotelladora de agua de La Ribera de Folgoso, contra el despido de los 16 empleados de la planta. / César Sánchez

Más de medio centenar de personas se concentran este lunes a las puertas de las instalaciones para protestar contra el cierre de la fábrica

D. ÁLVAREZ Folgoso de la Ribera

Los trabajadores de la planta embotelladora de agua de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera reclamaron hoy que la sala de la Audiencia Nacional que decretó el bloqueo de las cuentas de la empresa nombre un administrador sustituto que permita a la fábrica mantener su actividad y su nivel de empleo. «No nos han mandado ningún administrador, queremos que las administraciones muevan el caso porque son ellas las que pueden hacer fuerza», explicó la portavoz de los 16 empleados despedidos, Mari Carmen González, durante la concentración de protesta que tuvo lugar a la puerta de las instalaciones, a la que acudieron más de medio centenar de vecinos.

Al respecto, González recordó que los trabajdores no tienen noticias de la dirección de la fábrica desde que el pasado 9 de noviembre se les informó de su baja en la Seguridad Social a través de un mensaje telefónico. «Hasta ese día la fábrica estaba trabajando en plena producción», subrayó la portavoz de los trabajadores, que recordó que la empresa había cerrado en fechas recientes un contrato de distribución con una importante cadena de supermercados.

Tras la detención y entrada en prisión provisional sin fianza del administrador único del fondo de inversión propietario de la embotelladora, Jaime Carlos Bagur, relacionado con el escándalo de los centros odontológicos iDental que se investiga dentro de la operación Apolonia, las cuentas bancarias de la compañía se congelaron por orden judicial, lo que hace imposible desde entonces tanto el pago de nóminas como los distintos pagos a proveedores. De hecho, los empleados acumulan el impago de sus salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre, además de la parte correspondiente a noviembre.

Además, al no existir una notificación oficial en forma de carta de despido, los empleados, que han solicitado reuniones a los directivos de la compañía, no pueden acogerse al paro. «De momento no hay respuesta por parte de la dirección, pero lo que queremos es que la fábrica no esté cerrada, que no quede muerta», explicó González, que insistió en la «viabilidad» de la planta embotelladora.

En esa línea, agradeció el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Folgoso, así como por formaciones políticas como Izquierda Unida, ante el «abandono» de las instalaciones. Los empleados, que se mantienen a la espera en la puerta de la fábrica «por si viene algún abogado a traer algún papel, que haya alguien con quien hablar» lamentaron que, hasta el momento, aquí no se ha presentado ni el tato».

Al respecto, González recalcó que los 16 empleados de la fábrica pertenecen a distintas localidades del Bierzo Alto, una zona especialmente castigada en los últimos años por el descenso de la actividad en el sector minero. «Para lo que hay en España, 16 empleados parecen poca cosa, pero somos 16 familias del Bierzo y aquí, con el cierre de la minería, ya ha habido bastante», subrayó la portavoz de los trabajadores.

Escrito conjunto al juzgado

Por su parte, el alcalde de Folgoso de la Ribera, Tomás Vega, remarcó la disposición del Consistorio para «colaborar desde el primer momento» con los trabajadores aunque reconoció que «las cosas están complicadas». «Mi consejo fue que se contara con los sindicatos», explicó el regidor, que también ha llevado a cabo consultas a diferentes abogados laboralistas y ha mantenido conversaciones con la Subdelegación del Gobierno en León para tratar de solucionar el asunto.

En ese sentido, Vega recordó que la situación tiene que ver con un «problema judicial» y recomendó a los empleados que elaboren un escrito conjunto y lo dirijan al juzgado, en el que se pida el desbloqueo de las cuentas de la empresa para poder pagar los salarios adeudados. «A ver si el juez puede levantar el bloqueo y nombrar un administrador sustituto», explicó Vega, que subrayó que la planta embotelladora es, «con diferencia», la mayor empresa del municipio.