El Consejo Comarcal del Bierzo contará con 210.898 euros para atención y protección de menores en riesgo de exclusión

Edificio que alberga la sede del Consejo Comarcal del Bierzo./
Edificio que alberga la sede del Consejo Comarcal del Bierzo.

ICAL Ponferrada

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la concesión de una subvención al Consejo Comarcal del Bierzo, por importe de 210.898 euros, para financiar la realización de actuaciones que favorezcan la atención y protección a la infancia, y de ejecución de medidas en medio abierto de menores infractores, promoviendo la inclusión social de aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión.

Esta subvención generará dos puestos de trabajo de psicólogos a jornada completa que actúan como responsables del programa, tres trabajadores sociales, también a jornada completa, y dos educadores a jornada completa o tres a jornada parcial.

Estos profesionales dispondrán de dos equipos técnicos especializados, elaborarán informes, estudios y estadísticas sobre las intervenciones realizadas, llevarán a cabo la protección a la infancia a través de actuaciones de recepción, investigación, evaluación, etc., y desarrollando actuaciones tendentes a la atención de la prevención de la delincuencia infantil y juvenil.

Además, se encargarán de la ejecución y seguimiento de las medidas en medio abierto, del desarrollo de programas y actuaciones de reeducación y reinserción social de menores y jóvenes con problemas de adaptación social, de programas de mediación entre menores infractores y víctimas, de programas de intervención en los casos de malos tratos en el ámbito familiar ejercidos por los menores.

Aunque desde el año 2010 las actuaciones de intervención familiar fueron asumidas por la Diputación Provincial de León, la Junta sigue llevando a cabo actuaciones de atención y protección a la infancia, habiéndose atendido un total de 165 menores en el 2018, de los que 132 procedentes de años anteriores y 33 nuevos.

El número de medidas ejecutadas con los menores infractores fue de 102, de las que 60 fueron medidas administrativas y 42 fueron medidas judiciales, todas ellas en medio abierto; se colaboró en el seguimiento de la ejecución de tres medidas de internamiento y se inició en marzo el programa de apoyo profesional en casos de violencia filio-parental, actuando en 19 familias (cuatro de ellas procedentes de medidas judiciales en medio abierto y 15 derivadas desde otros recursos), con 15 menores (dos de ellos dentro de una medida judicial en medio abierto y 13 derivados desde otros recursos.