Castilla y León, pionera en España al blindar por ley los derechos de las personas más vulnerables

Los procuradores bercianos del PP, Manuel Otero y Mar González, durante la rueda de prensa./E.Jiménez
Los procuradores bercianos del PP, Manuel Otero y Mar González, durante la rueda de prensa. / E.Jiménez

Las Cortes aprueban la Ley de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica

E.JIMÉNEZPonferrada

Los procuradores bercianos del PP en las Cortes de Castilla y León Mar González y Manuel Otero han presentado este viernes en Ponferrada la última ley aprobada por las Cortes de Castilla y León, que hace de la Comunidad la primera de España en garantizar por ley el apoyo a las personas en riesgo de vulnerabilidad social o económica.

Según Mar González «constituye un nuevo modelo sustentado en derechos y no en el asistencialismo», luego va a ser un sistema de responsabilidad totalmente pública « que asume un modelo de trabajo coordinado y en red entre los diferentes agentes que intervienen en la misma para satisfacer las necesidad básicas de las personas, buscando la no exclusión social a través de políticas de empleo», apuntó la procuradora.

Las ocho claves fundamental que inspiran este proyecto, que se propone «llegar a más personas, mejor y antes», son que es una ley permanente; se crean cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social: servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, protección económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, prestación económica para alquiler a vivienda habitual, y servicio de provisión inmediata de alimentación; recoge, regula y clasifica los recursos; amplía su apoyo y atención; contempla los diferentes miembros que integran la red; mejora el propio funcionamiento a través de una actuación conjunta y profesionalizada; se crea la figura del comisionado de la red y la composición de la comisión de seguimiento de la misma; y por último, se establecen medidas de apoyo a la red fuera de la propia red; fondo de solidaridad, planes de inserción; operadores de servicios energéticos.

La Ley, según los procuradores bercianos, se apoya en la propia experiencia de la red, que ha permitido atender en 2017 a más de 190.000 personas en la Castilla y León, con 101 millones de euros de presupuesto. En León han sido 30.893 las personas atendidas con 33,9 millones de gasto realizado.

La previsión para 2018 es atender a 200.000 personas y destinar un presupuesto de 207 millones de euros. Según Mar González «hay que agradecer la implicación de las entidades locales, las del tercer sector -red de lucha contra la pobreza, Cruz Roja, Cáritas, Cermi- y las entidades del Diálogo Social. Hay que seguir trabajando sin triunfalismos pero hoy Castilla y León, según el informe AROPE de 2016 sobre riesgo de pobreza y exclusión, es la comunidad con la menor tasa de hogares con carencia material severa, y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa».

 

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