El PP de Cacabelos presenta una moción contra el cierre del Registro Civil y el Juzgado de Paz

El Grupo Municipal Popular de Cacabelos presentó este lunes una moción en el Ayuntamiento contra la intención del nuevo Gobierno respecto a la posible entrada en vigor «sin adaptación alguna para los pequeños municipios» de la Ley 20/2011, de 21 de julio, que contempla el cierre de registros civiles y juzgados de paz, cuando venza la prórroga en la que se encuentra el texto, el próximo 30 de junio del 2020.

Los populares, procurando el máximo consenso del próximo pleno, solicitan al Ejecutivo central que mantenga los registros civiles y juzgados de paz y que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio, que preserven la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, y garanticen el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima en la provincia de León, además impulsar el acceso al registro mediante servicios electrónicos en la provincia.

Según la planificación del Gobierno socialista, las oficinas de los Registros Civiles de los municipios de menos de 50.000 habitantes están avocadas al cierre en menos de seis meses, por lo que el PP de Cacazbelos manifiestan su «preocupación es alarmante» al considerar que «nos quedaremos sin este servicio y, con una población cada vez más envejecida, tendrán que trasladarse a León para realizar cualquier trámite que, hasta ahora gestionaban en nuestro Registro Civil y Juzgado de Paz», señalan. Para los 'populares' lo «más sangrante» es que los ciudadanos «tendrán que pagar a un intermediario para gestionar servicios que son y deben seguir siendo gratuitos: partidas de nacimiento, certificado de matrimonio, de defunción,…», añaden.

«No aceptamos la escusa de la digitalición y centralización de estos servicios, en pos de la manida protección de datos. Lamentablemente no todos los vecinos de nuestro Municipio tienen el acceso, ni la pericia suficiente para acceder a sus documentos vía internet», explican desde el PP en la villa del Cúa. Entiende que el Gobierno tiene que garantizar, en el marco de sus competencias, el acceso a los servicios que prestan los registros en igualdad de condiciones, «por lo que exigiremos con firmeza que este principio básico esté garantizado», recalcan.

Por último, a lso 'populares' les preocupa la «falta de previsión» que el Ministerio de Justicia tiene con respecto al personal de estos Registros Civiles, ya que «se desconocen cuántos puestos de trabajo se verían afectados, así como la imprevisión de qué funcionarios estarán a cargo de los nuevos registros», concluyen.