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Cacabelos
Jueves, 1 de enero 1970
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El Ayuntamiento de Cacabelos ha recibido una providencia del Tribunal Supremo del 27 de septiembre por la que inadmite a trámite el recurso de casación del consistorio contra la sentencia del TSJ de Castilla y León mediante la cual se obligaba a la readmisión del interventor titular.
Una providencia que, según fuentes municipales, no se podrá cumplir porque el Ayuntamiento de Cacabelos «no tiene interventor titular» desde marzo de 2016, ya que la persona que ocupaba la plaza se presentó «libremente» a un concurso de traslados y obtuvo la plaza en otro consistorio de la comarca, el de Fabero.
El caso se remonta a agosto de 2015, fecha en la que se produjo una agresión del funcionario al alcalde, Sergio Álvarez. Se le abrió un expediente sancionador en el que se proponían dos meses de inhabilitación. El 12 de enero de 2016, el interventor titular pretende incorporarse a su puesto de trabajo después de un largo periodo de baja «y sin querer pasar un reconocimiento médico», señalan fuentes municipales. Entonces fue cuando el regidor, a través de un decreto, impidió esa reincorporación a la espera de que el funcionario cumpliera con ese trámite y solicitó medidas cautelares a la Junta de Castilla y León, quien las deniega.
Varios días más tarde, la Consejería de Presidencia envía al consistorio una orden mediante la cual tiene que proceder a la reincorporación del interventor titular y cesar a la interina en el plazo de un mes. Después, el 16 de marzo de ese mismo año el funcionario titular solicitó «personal y libremente el cese por escrito» tras presentarse, estando de baja a ese concurso de traslados y un día después el Gobierno autonómico anunció un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Cacabelos, que finalizó en una sentencia estimando la inactividad del consistorio al no haber atendido el requerimiento de la Junta. Además, el TSJ de Castilla y León desestimó en febrero de este año un recurso presentado por el consistorio cacabelense y se llega a la actualidad con la providencia del Tribunal Supremo.
Con todo ello, el equipo de gobierno ha insistido en que no puede readmitir al interventor titular «porque no lo hay», ya que por el medio existe un concurso de traslados. «Es una sentencia que no se puede cumplir», apuntan.
Asimismo, el gobierno municipal ha cuestionado la forma de actuar de la Junta de Castilla y León «al solicitar en un contencioso administrativo algo que no se puede cumplir, al meterlo una vez que el problema se ha terminado, y seguramente ya conocía que el interventor ya tenía su plaza en Fabero y que había cesado como tal en Cacabelos para incorporarse a su nueva plaza»; y también la del entonces portavoz del PP, Adolfo Canedo, «que empujo lo indecible en todo, incluso quiso personarse en el primer contencioso administrativo, cosa que no pudo».
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