Caso Enredadera

El alcalde de Villaquilambre preside la comisión en la que comparecerá Suárez-Quiñones por el caso Enredadera

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, conversa con los portavoces del PP y del PSOE, Raúl de la Hoz (i) y Luis Tudanca, y el procurador socialista José Francisco Martín. /R. Cacho-Ical
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, conversa con los portavoces del PP y del PSOE, Raúl de la Hoz (i) y Luis Tudanca, y el procurador socialista José Francisco Martín. / R. Cacho-Ical

El munícipe leonés y procurador en las Cortes aparece mencionado en las grabaciones de la Udef por la adjudicación del programa de gestión de multas de tráfico a Gespol

M. J. PASCUALValladolid

No será hasta la semana que viene cuando se fije el calendario de trabajo de las Cortes de Castilla y León para este curso de cierre de legislatura, pero la operación Enredadera ya está marcando el tono de la agenda política de la comunidad. La Mesa de las Cortes, donde el Partido Popular tiene mayoría, decidió ayer que sea en una comparecencia y no en un pleno (como había solicitado la oposición) donde el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explique su supuesta implicación en la trama de adjudicaciones amañadas desvelada por las grabaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en esta macrooperación contra la corrupción, que afecta a unos 40 ayuntamientos. Quien no comparecerá será el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al considerar la Mesa que no es pertinente la comparecencia porque no aparece «directamente» en el sumario. Todos los portavoces, a excepción del 'popular' Raúl de la Hoz, expresaron su malestar por el hecho de que la comparecencia se reduzca a Quiñones y que sea en una comisión, en lugar de hacerlo en un plenario.

Quiñones podrá explicarse el primer día hábil en las Cortes, lunes 3 de septiembsí así lo solicita el presidente de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, el procurador del PP y alcalde de Villaquilambre (León), Manuel García Martínez, cuyo nombre y supuesta participación también se menciona en las conversaciones grabadas de la operación Enredadera por dos de los investigados, en relación a la adjudicación de un contrato a la empresa Gespol. Manuel García señaló, tras conocer la decisión de la Mesa que, en principio, no había «hablado con nadie todavía» y que esperaría a conocer el calendario de las Cortes. Fuentes del parlamento autonómico indicaron ayer que la solicitud puede realizarse de inmediato y que la agenda parlamentaria puede «ajustarse» a la celebración de dicha comisión.

El consejero y juez en excedencia ya había solicitado comparecer para defender su gestión tras hacerse pública la grabación que la Udef realizó el pasado 12 de febrero, en la que Suárez-Quiñones le pidió al empresario José Luis Ulibarri, actualmente en prisión, que se hiciera cargo de las obras de una carretera de León (el tramo de Villadangos del Páramo-Valcabado, en la M-VI) que la quebrada Arcebansa no pudo realizar. El empresario respondió al consejero de Fomento que no podía acceder a la obra porque la constructora zamorana estaba en concurso de acreedores «y estando en concurso la obra tiene que venir de la mano de la administración...». A ello, el consejero replicó que «pues yo, que soy la administración...venid a ver si os interesa, mandas a alguien, que veas que corresponda, hablas con Julio González, que es el jefe de servicio de conservación y que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pim pam, para que os hagáis una valoración y veáis si os interesa. Y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra». Ulibarri aceptó: «Pues escúchame, lo pongo en marcha y mañana están ahí».

El consejero volvió ayer a reiterar la legalidad de su actuación. En declaraciones realizadas en León y recogidas por Ical, afirmó que dicha conversación telefónica fue «una charla oficial» sobre asuntos «totalmente regulares», es decir, de «una llamada de la administración a una empresa», por lo que «quien tenga expectativas de encontrar algo extraño se va a defraudar». Quiñones recordó que pidió la comparecencia urgente para que «cuanto antes pueda no quedar ninguna sombra de duda sobre la Junta».

Su comparecencia, finalmente, se producirá en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, que preside el alcalde de Villaquilambre, en el punto de mira también por otras conversaciones grabadas en septiembre pasado y que le mencionan. En ellas, Ángel Luis García, alias el Patatero, cuenta a uno de sus colaboradores que estuvo cenando con 'Manolín' en el Barrio de Salamanca, en Madrid, y que había apalabrado con él el contrato del programa de control de las multas de tráfico.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villaquilambre acordó en su sesión del 1 de marzo de 2018 aprobar el gasto de 14.399 euros para contratar el servicio de gestión policial y su adjudicación como contrato menor a la empresa Aplicaciones Gespol. Según insistió ayer García, el contrato se adjudicó a esta empresa «porque fue la única que se presentó» y dijo tener la conciencia muy tranquila. «A mí ningún juzgado me ha notificado nada y hemos colaborado con la investigación desde el principio», aseguró el alcalde leonés.

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