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Los trabajadores del servicio de limpieza creen que sufrirán «muchos más recortes» sin un nuevo convenio

  • La anulación del contrato con la empresa concesionaria amenaza con hacerlos pasar al convenio provincial del sector

Los representantes del comité de empresa del servicio de limpieza pública y recogida de basura en Ponferrada recordaron este miércoles, a través de un comunicado, que “si no se llega a un acuerdo para un nuevo convenio antes del 31 de diciembre, automáticamente pasaríamos al convenio provincial de nuestro sector, en el cual todavía sufriríamos muchos más recortes”. La advertencia de los trabajadores se produce dos días antes de que el pleno municipal discuta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que anuló el contrato de la actual concesionaria, FCC, lo que aboca a los empleados a una situación de incertidumbre.

En ese sentido, la negociación del nuevo convenio colectivo de los empleados está pendiente de la decisión final que se adopte respecto al contrato municipal, que según establece la sentencia judicial debería reasignarse a la otra empresa en liza, Urbaser. Hasta la entrada del nuevo adjudicatario, los empleados no tienen con quién sentarse a negociar sus condiciones laborales. Al respecto, los trabajadores anunciaron que no están dispuestos a tolerar más pérdidas de derechos y advirtieron con “tomar las medidas oportunas” para evitarlo.

En esa línea, recordaron que a principios del año pasado, la negociación del convenio con FCC se encontró con la pretensión de la empresa de despedir a 16 trabajadores, argumentando que en el contrato firmado, tenían un exceso de personal, tan solo dos años después de la adjudicación del contrato por 17 años mas 3 de prorroga.

La situación provocó que los empleados declarasen una huelga de una semana de duración, que finalizó con un acuerdo con empresa y Ayuntamiento en el cual, los trabajadores desconvocaban la huelga, la empresa se sentaba a negociar el convenio y retiraba el despido colectivo, y el Consistorio se comprometía a amortizar los gastos de ese supuesto exceso de personal, hasta la extinción de ocho puestos de trabajo, debido a su jubilación.

El acuerdo nunca se llegó a firmar por parte del Ayuntamiento, debido a la llegada de la sentencia del TSJ que anulaba el contrato con la actual adjudicataria.