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Nace una plataforma que denuncia el «abuso político» en temas urbanísticos

  • ‘Ponferrada te confisca’ busca poner al descubierto «la actuación, a todas luces, arbitraria de un ayuntamiento que desde hace años actúa bajo sospecha de apaños urbanísticos»

La plataforma digital 'Ponferrada te confisca' se ha puesto en marcha en la capital berciana con el objetivo de denunciar el abuso político y administrativo, principalmente relacionado con el urbanismo. De hecho, busca poner al descubierto «la actuación, a todas luces, arbitraria de un ayuntamiento que desde hace años actúa bajo sospecha de apaños urbanísticos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana ideado para una ciudad, a sabiendas, irreal, de tres veces su tamaño actual».

Su propósito es ayudar a esclarecer las actuaciones de unos gestores públicos «que están al margen del ciudadano, al que dicen servir, pero que mantienen asfixiados con una política fiscal contraria a los principios constitucionales de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, según se recoge en el artículo 31 de la Carta Magna».

La iniciativa ha sido una idea de la familia Marqués, afectados en Ponferrada por un proceso de confiscación de un terreno, aledaño al Campus Universitario, de uso delimitado para uso público, por lo tanto inutilizable, y sometido a impuestos de suelo urbanizado.

La propuesta, además de profundizar en lo ocurrido con dichos terrenos, está abierta a todo aquel que quiera denunciar de forma abierta o confidencial el «atropello municipal».

El caso de la familia Marqués

En el caso de la familia Marqués, los actuales propietarios heredaron unos terrenos colidantes al Campus Universitario que fueron recalificados de rústicos a suelo urbanizable libre, lo que impide edificar, salvo que sea utilizado como equipamiento del Campus, y generándose una carga impositiva calculada sobre un valor catastral «erróneo», cuatro veces por encima de un hipotético valor de mercado.

Según relata la familia Marqués, tras recibir en herencia la mitad de la mencionada finca se producen, al poco tiempo, requerimientos tributarios «desmesurados», entonces (2013) de poco más de 44.417,95 euros en concepto de plusvalía para cada uno de los hermanos y un IBI entre los años del 2005 al 2013 de más de 121.147,98 euros, «que a fecha de hoy la recaudación tributaria ha incrementado a 234.987,92 euros y ha procedido a la ampliación, en agosto de 2016, de un primer embargo realizado en 2014».

«La carga impositiva es insostenible dado el valor catastral asignado, que asciende a 1.973.131,23 euros, lo que supone anualmente 16.938,05 sólo del impuesto de IBI. De ahí que, al no poder hacer frente a los recibos, se deba esa cantidad tan elevada. Son cantidades imposibles de afrontar porque somos cuatro hermanos trabajadores por cuenta ajena, dos de ellos jubilados, uno en situación de prejubilación -en paro como resultado de un ERE- y uno autónomo, además de José Marqués, jubilado, y máxime poseyendo una finca que nada se puede hacer con ella por estar recalificada para uso público», explican.

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la familia Marqués en el tema de la plusvalía, obligando al Ayuntamiento a devolver lo cobrado de más, pero no así en el caso del IBI, «centrándose exclusivamente en el método de cálculo del Impuesto y no respondiendo las cuestiones que hacen que ese cálculo resulte ficticio».

Con todo ello, los afectados no han podido encontrar una solución en los dos últimos gobiernos municipales, el del bipartito y el del PP, «y ahora, tras varias reuniones, hemos puesto sobre la mesa todas las soluciones posibles y parece no servir ninguna, aunque, eso sí, reconocen el despropósito, que ellos mismos califican de confiscatorio».