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Viernes, 7 de octubre 2016, 13:59
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia que anula la adjudicación del 'macrocontrato' de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines por 122 millones de euros a FCC en Ponferrada.
El alto tribunal ha notificado al Ayuntamiento la confirmación de la sentencia emitida el pasado mes de junio que estimaba el recurso presentado por Urbaser -otra de las empresas que presentó oferta para hacerse con el contrato- y que obliga al consistorio a iniciar el proceso para una nueva adjudicación del servicio debido a «una actuación de arbitrariedad administrativa" por parte de la Mesa de Contratación. La setencia requiere al consistorio a «realizar una corrección de las puntuaciones técnicas y económicas ajustadas a los criterios de concesión recogidos en los pliegos de condiciones».
Desde el equipo de gobierno que encabeza Gloria Fernández Merayo aseguran que "lo que ha llegado es la sentencia firme pero no los autos del juzgado para poder ejecutarla". Una condición que se hace imprescindible para poder retomar el proceso de adjudicación.
El 'macrocontrato' del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines fue licitado por el anterior equipo de gobierno encabezado por Samuel Folgueral con una vigencia de 20 años y que obligaba al Ayuntamiento a abonar una cuantía de 5,8 millones de euros por cada anualidad de vigencia.
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a finales del pasado mes de junio anulaba la adjudicación al considerar que la oferta de la adjudicataria incumplía alguno de los condicionantes incluidos en el pliego como superar el centenar de folios que establecía como máximo, la utilización de un tipo de letra incorrecto y el uso de un soporte que no estaba permitido para la presentación.
El TSJ reconoce también en la sentencia que de forma injustificada la Mesa de Contratación se saltó el criterio del comité de expertos que valoraba con 15 puntos las mejoras que ofertaba la empresa Urbaser, pero, por contra, sí que se mantuvieron los 15 puntos que se adjudicaban a FCC «en una actuación de arbitrariedad administrativa». En cuanto a la oferta económica, el alto tribunal sostiene que la oferta de Urbaser estaba por encima de la presentada por la adjudicataria.
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