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Ponferrada
Jueves, 10 de mayo 2018, 12:02
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El Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de León ha admitido a trámite la segunda demanda de la Asociación de Vecinos de Compostilla contra la red de calor que Somacyl proyecta construir en Ponferrada.
Será el juzgado el que resolverá sobre la licencia y el inicio de las obras de la central de producción de energía térmica urbana con biomasa después de que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, se haya negado por el momento a suspender el proyecto que, a juicio de los denunciantes, «se está tramitando con prisas, sin transparencia, sin diálogo, a espaldas de la ciudad y con muchos agujeros negros que algún día tendrán que explicar ante los tribunales», señalan en una nota publicada en Facebook.
Esta segunda demanda se une a la primera presentada por el colectivo vecinal y la Plataforma Bierzo Aire Limpio que se tramita desde hace meses en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de León contra la autorización provisional concedida. Destacan que «ni siquiera el pleno ha podido conocer sobre este asunto que se ha tramitado en un tiempo récord y a espaldas de los ciudadanos y de la oposición».
Los denunciantes esperan obtener la anulación judicial de los permisos de obras que entienden que «han soslayado el imprescindible trámite de información pública y que se pretenden ejecutar sin permiso ni licencia ambiental y sin memoria ambiental, como una mera licencia de obras, obviando la indudable trascendencia ambiental de este proyecto», subrayan.
Por otro lado, la Asociación de Vecinos de Compostilla ha decidido unirse a los Afectados de Navatejera y anuncian una campaña de denuncias conjunta por las «ilegalidades en común derivadas de ambas plantas de biomasa». Destacan que estas instalaciones han generado un amplio rechazo social que ha llevado a que presentarán más de 3.000 denuncias y alegaciones de vecinos de Navatejera contra la instalación de una segunda central de Somacyl.
Ambos colectivos consideran que detrás de estos proyectos «hay un auténtico pelotado y un aprovechamiento posiblemente ilícito de préstamos europeos».
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