Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Cacabelos a retirar escombros de una finca en Quilós

Ayuntamiento de Cacabelos./César Sánchez
Ayuntamiento de Cacabelos. / César Sánchez

El juez da un plazo de tres meses para llevarlo a cabo y condena al consistorio a pagar todas las costas del proceso judicial iniciado por un vecino de esta pedanía para defender sus derechos

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El Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León obliga al Ayuntamiento de Cacabelos a retirar en el plazo de tres meses los escombros vertidos en el año 2005 en una finca particular en Quilós y le condena a pagar las todas costas de un proceso judicial que tuvo que iniciar un vecino para defender sus derechos.

Se trata, según el Partido Popular, de otra sentencia «oculta en el cajón» del alcalde, Sergio Álvarez, y del equipo de gobierno. « Oculta por su nocivo interés en señalar que la judicialización de la vida municipal está siempre en el bando contrario, cuando sus nefastas decisiones obligan a los ciudadanos a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos», aseguran los populares.

Los hechos se remontan a 2005 cuando el gobierno socialista de José Manuel Sánchez vertió escombros de una obra pública en una finca del paraje de La Rivela en Quilós. Ante la repetida exigencia del propietario de que se retirasen los escombros, los dos gobiernos municipales posteriores, adoptaron sendos acuerdos que le reconocen sus derechos a este vecino.

Pero con la llegada al gobierno del Tripartito, el equipo de Sergio Álvarez «le niega los derechos reconocidos en ejercicios anteriores, obligando al propietario a reclamar sus derechos judicialmente y, como es licito, el pasado 5 de diciembre el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de León le dio la razón, obligando al Ayuntamiento a retirar los escombros en un plazo de tres meses».

En todo ello, los populares ven un ejemplo más «de la manera de actuar» del actual gobierno municipal, «tomando permanentemente decisiones contrarias a la ley por la fuerza de sus votos, que empujan a los ciudadanos a reclamar sus derechos judicialmente y son procesos que pagamos todos los habitantes del municipio, convirtiéndonos en víctimas de sus caprichos autoritaristas».

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