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IU pide que el Consejo asesore a ayuntamientos y juntas vecinales en contenciosos sobre derechos de tendidos eléctricos

  • Recuerda que la Ley de Haciendas Locales establece que las eléctricas deben pagar a los municipios a los que suministran un 1,5% de su facturación en el término local

Izquierda Unida en El Bierzo, a través de su representante en el Consejo Comarcal, el consejero de Ponferrada En Común, Miguel Ángel Fernández, presentará una propuesta encaminada a que la institución asesore a los ayuntamientos y juntas vecinales, a través del SAM o creando un órgano especial para este contenido, en cualquier contencioso que se planteen sobre los derechos que tienen sobre los tendidos eléctricos que pasen sobre sus territorios.

IU recuerda que la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 2004 establece que las empresas eléctricas, de gas, agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local. Por otro lado, también establece como hecho imponible la ocupación de las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren.

En este sentido, señalan que hasta este momento la justicia había desestimado los recursos de los ayuntamientos para recaudar esta tasa. Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo ha fallado en 16 sentencias distintas, «legitimando legalmente a estos ayuntamientos que habían aprobado ordenanzas y tasas en este sentido, aceptando la valoración de los mismos para cobrar a estas compañías suministradoras por metro lineal ocupado una tasa que deberán abonar en concepto de peajes por los terrenos municipales que sobrevuelan sus líneas de distribución», eplican.

Desde Izquierda Unida entienden que el cobro de dichas cantidades «supondrá un alivio para la economía local y será enormemente positiva para nuestra comarca, puesto que la recaudación puede servir para mejorar la vida de todas las vecinas y vecinos de nuestros ayuntamientos y juntas vecinales existiendo un mayor ingreso que podría emplearse en desarrollar políticas sociales persiguiendo el objetivo, entre otros, el de ayudar económicamente a las familias que no pueden pagar sus facturas con dichas compañías», añaden.