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El PP del Consejo votará en contra del incremento de 40.000 euros en gastos políticos

  • El portavoz popular en el Consejo Comarcal insiste en que es de mayor necesidad destinar esa cantidad a atención social y planes de empleo

El Partido Popular del Consejo Comarcal considera que las afirmaciones del vicepresidente, Iván Alonso, en torno a la posición en contra del PP respecto a la creación de la Junta de Coordinación no son más que un intento de desviar la atención de lo verdaderamente importante, por lo que el grupo de consejeros se ha reafirmado hoy en los argumentos expuestos el pasado lunes para votar en contra de la creación de una Junta de Coordinación y una Junta de Portavoces para las que se destinarían 40.000 euros en retribuciones.

«Entendemos que únicamente se está buscando una fórmula con la que contentar y ganar el favor de aquellos consejeros que no tienen retribución al no formar parte de la Junta de Gobierno. La creación de estos dos organismos supondrá un aumento de 48 por ciento en los gastos políticos del Consejo Comarcal y se votará conjuntamente al estar englobadas ambas propuestas en el mismo punto del orden del día».

En cuanto a las «pobres e inexactas» justificaciones para la creación de esta nueva Junta de Coordinación esgrimidas por Iván Alonso, el portavoz popular ha aclarado que «si bien es cierto que estos órganos existen en otras entidades locales, se trata siempre de entidades que cuentan, por una parte, con actividad y contenido más que suficientes para que esta sea necesaria, y por otro lado, con el presupuesto necesario para mantenerla, caso totalmente contrario al del Consejo Comarcal del Bierzo en la actualidad».

Por otra parte, los populares de Consejo matizan que ni el presidente ni el vicepresidente de la institución comarcal han renunciado a la contratación de personal de confianza, sino que, debido al «despilfarro» de gobiernos anteriores, es la propia Junta de Castilla y León la que desde hace años ni permite la contratación de trabajadores de confianza con cargo a la partida de gastos de funcionamiento ni sobrepasar el 15 por ciento de esa misma partida en gastos políticos.