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El TSJ anula la autorización concedida por la Junta para ampliar una cantera de pizarra en La Baña

Cantera de pizarra.
Cantera de pizarra.
  • El Ministerio Fiscal investigará las posibles responsabilidades penales tras advertir un «cúmulo de irregularidades» en el procedimiento original

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anuló hoy la resolución de 5 de agosto de 2011 de la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria de la Junta en León, que autorizaba la actualización y ampliación del proyecto de explotación, plan de restauración y estudio de impacto ambiental de la cantera de pizarra Fuidemalo, en el término municipal de La Baña, así como los proyectos de escombreras Fuidemalo-Pradin y Valdeculebras.

Además, el Tribunal acordó remitir testimonio de particulares al Ministerio Fiscal «por si de los mismos pudiera inferirse que se ha incurrido en responsabilidad penal teniendo en cuenta el recorrido procedimental seguido en vía administrativa con resolución autorizatoria carente de toda motivación pese a las numerosas alegaciones efectuadas por las mercantiles afectadas». En ese sentido, la sentencia advierte de la existencia de «un cúmulo de irregularidades en la tramitación y resolución originaria», la cual a juicio de los técnicos sería «manifiestamente ilegal».

Al respecto, la resolución dictada hoy, contra la que cabe recurso, considera posible que se estuvieran legalizando trabajos de explotación no cubiertos por las autorizaciones mineras, así como que se haya incurrido en falsedad documental , tal como insinúan las partes interesadas en relación con una certificación emitida por la Junta Vecinal de la Baña.

Un total de cuatro empresas pizarreras recurrieron la autorización otorgada a Pizarras La Baña al considerar que la ampliación de la cantera invadía terrenos de otras explotaciones, aunque una sentencia de 20 de enero de 2015 dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 3 de León desestimó esos recursos. En ese sentido, las alegaciones presentadas por las compañías afectadas cuestionaban, entre otros extremos, la titularidad de los terrenos en los que se ubican las escombreras o la existencia de recursos de pizarra donde se autoriza la instalación de las mismas, hecho que afectaría a sus derechos mineros.

La sentencia también se muestra critica con la actuación de los responsables de la Junta, al considerar que «mantiene a nivel de informes elaborados por sus técnicos dos posturas distintas sobre la controversia planteada». En ese sentido, el auto recuerda que «la resolución originaria carece por completo de motivación y en ella ni siquiera se mencionan las alegaciones planteadas por las recurrentes». En la misma línea, el Tribunal critica que la administración autonómica «ha guardado silencio durante cuatro años sin resolver el recurso de alzada», por lo que considera que «se ha producido una vulneración del procedimiento legalmente establecido y se ha infringido el deber de motivación de los actos administrativos».